Viene la ley

J. M. L.

El pasado mes de marzo el Gobierno aprobó el proyecto de la nueva Ley del Ruido, ya en trámite parlamentario. Se trata del primer instrumento legal de ámbito estatal para luchar contra la contaminación acústica, un grave problema ambiental que hasta ahora sólo estaba regulado por comunidades autónomas y ayuntamientos, con gran disparidad de criterios y de forma parcial.

La futura ley traslada al ordenamiento jurídico español la directiva europea del ruido aprobada en junio de 2002, y define la contaminación acústica como «la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente».

La ley establece la obligación de realizar 'mapas de ruido' para conocer los niveles de contaminación y arbitrar las medidas correctoras necesarias, especialmente cuando representen algún riesgo para la salud de las personas, y se deberán revisar cada cinco años.

Una vez aprobada por el Parlamento, garantizará un nivel mínimo de protección en todo el territorio español, que será fijado por la administración central, si bien comunidades y ayuntamientos podrán establecer valores límite más rigurosos.

Los ayuntamientos deberán adecuar sus ordenanzas y planeamientos urbanísticos a la nueva ley, y no se podrán conceder nuevas licencias de construcción para viviendas y edificios destinados a uso hospitalario, educativo y cultural si los niveles de ruido en su interior superan ciertos límites.

Quedan fuera de esta ley el ruido causado por actividades domésticas o en las relaciones de vecindad, y el ruido en el lugar de trabajo, ya regulado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995.

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