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Granada, 30/3/3
El Gobierno aprueba una nueva ley integral para combatir el ruido y construir ciudades habitables
El texto prevé sanciones que oscilan entre 600 y 300.000 euros e incluso el cierre o la revocación de licencias del emisor en cinco años
Se exigirán certificados de calidad acústica a los planes urbanísticos
Rocío Mendoza / Agencias
Un fiscal más reforzará el control de los delitos medioambientales en GranadaLa Fiscalía perseguirá los casos de emisión de ruidos que sean más gravesUna de las vías es apelar a la protección de los derechos fundamentalesEl fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, anunció a este periódico su decisión de destinar un fiscal más al área de Medio Ambiente para reforzar el trabajo sobre los casos que lleguen en este sentido, entre los que también se encuentran los de ruido. La Fiscalía de Granada está sensibilizada con este asunto y ya «hemos mantenido reuniones con organizaciones y colectivos vecinales». En la actualidad, y según confirmó Calderón, la Fiscalía no tramita ningún caso penal en relación al ruido emitido por locales de ocio. El único precedente con el que cuenta Andalucía de estas características fue el sonado y dilatado proceso contra los propietarios del pub Salsa, denunciado por unos vecinos que aseguraron haber visto convertida sus vidas en algo «insoportable». El juzgado de lo Penal absolvió al imputado y la Audiencia, después de que la Fiscalía y los demandantes recurriesen este fallo, lo ratificó, quedando así anuladas las posibilidades de recurso. No obstante, tanto los demandantes como la Fiscalía «manifestaron su total desacuerdo con la resolución» alcanzada en este caso. Derechos fundamentalesEn este sentido, el fiscal jefe manifestó su intención de «seguir insistiendo» en el tema de los ruidos y anunció que «en el caso de los más graves serán perseguidos». A esto añadió que hay otra vía que es la de apelar «a la violación de derechos fundamentales» del supuesto demandante como es el de la inviolabilidad del domicilio. Por otro lado, la abogada granadina y profesora de Derecho Civil en la Universidad de Granada, Concha Sánchez Salas, que ha llevado varios procedimientos -no penales- contra locales de ocio granadinos, resalta otro aspecto de lo que se puede denominar nueva situación a raíz de la sentencia del Supremo en el llamado caso Chapó . «Beneficia tanto a la ciudadanía como a las administraciones», señala. Por una parte «los vecinos deben saber que, además de denunciar al Ayuntamiento, pueden emprender acciones legales porque se están vulnerando sus derechos y la emisión grave de ruido es un delito». Además, la pena de cárcel impuesta por el Supremo puede servir para alertar a los dueños de pubs y animarlos a corregir sus conductas», concluye. |
Hasta el momento, los fallos de las distintas Audiencias Provinciales de las distintas capitales españolas a raíz de denuncias de ciudadanos que no podían dormir, sobre todo, por el ruido de locales, eran contradictorias o, más bien, no seguían una misma línea.
Tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en la que condenaba a pena de cárcel al propietario de una discoteca por emisión grave de ruidos con perjuicio de los vecinos, se ha sentado una jurisprudencia que sitúa la vía penal como una forma, ya existente, pero quizá más efectiva para combatir este fenómeno, de especial incidencia en Granada.
Proyecto de Ley
El Consejo de Ministros aprobó ayer enviar al Parlamento el proyecto de Ley del Ruido, una norma que pretende atajar la contaminación acústica en ciudades y pueblos, así como garantizar unos niveles aceptables de confort tanto en exteriores como en el interior de inmuebles y viviendas. La ley persigue reducir en la salud humana los daños producidos por el estruendo al estimar en su conjunto el «silencio como un bien valioso», tal y como indicó la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez.
La ley tiene carácter básico y establece un marco común de obligatorio cumplimiento para todas las comunidades, sin perjuicio de que cada autonomía establezca sus propios controles, límites y excepciones.
Una de las novedades del proyecto es que por primera vez se considera el ruido ambiental de forma integrada y no individualmente de cada emisor, por lo que al final la medida del nivel del ruido es el conjunto de agentes emisores y lo que percibe el ciudadano, resaltó la ministra.
En cada ciudad se fijarán objetivos de calidad acústica en función del uso del suelo, es decir, si es residencial, industrial, recreativo, sanitario, docente, de infraestructuras de transporte o espacios naturales. Asimismo, se tendrán en cuenta los horarios, con el fin de lograr «ciudades habitables», apuntó la ministra.
Sanciones
En el apartado de sanciones previstas por el texto, las multas por incumplimiento de la normativa oscilan de los 600 hasta los 300.000 euros, en función de la gravedad de la infracción. En algunas casos la sanción acarreará el cierre temporal o definitivo de instalaciones y la revocación de permisos administrativos y licencias por un máximo de cinco años. La potestad sancionadora la ejercerán preferentemente las corporaciones locales.
A la hora de clasificar el suelo y acometer planificaciones urbanísticas, la calidad acústica será un factor relevante a tener en cuenta. Cuando se ponga en funcionamiento la normativa, la concesión de nuevas licencias de construcción de edificios de viviendas, hospitales, centros educativos o culturales y otros de interés público quedará vinculada a la obtención de una certificación acústica y al cumplimiento de los niveles de calidad sonora.
Entre las novedades que aporta la Ley, cabe destacar que el vendedor de una casa o un inmueble habrá de afrontar los costes de reparación de eventuales vicios acústicos ocultos que aparezcan e infrinjan la normativa.
En este sentido, los planes de urbanismo deberán contar con objetivos de calidad en función de estos usos del suelo y los ayuntamientos deberán disponer de planes de acción para prevenir el aumento del ruido en zonas tranquilas. «La ley es realista, porque no todas las zonas pueden tener un mismo nivel de ruido», añadió la ministra.
De acuerdo con el texto, la ley clasifica en áreas acústicas los espacios y los ámbitos territoriales con los mismos objetivos de calidad acústica, que se calcularán según futuros índices de emisión e inmisión (el nivel de ruido recibido en un determinado ambiente).
Actividades domésticas
Ocio nocturno y tráfico, destacados en GranadaUn estudio realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía señaló a Granada como la más ruidosa de las ocho provincias andaluzas. La polémica ciudadana se ha centrado en los últimos años en torno al ruido generado por el ocio nocturno, tanto por los locales de copas como por el llamado botellón . Y las molestias que sufre el vecindario por estos motivos se ven más que reflejados en diferentes estadísticas. Es el caso de las llamadas que se realizan al año a la Policía Local para quejarse del ruido de la calle, que gira en torno a las 3.700, 1.700 por el botellón y unas 1.200 por los bares y pubs. Pero si hay una circunstancia responsable del incremento de los decibelios en Granada es el infernal tráfico que soporta la ciudad. Entre el conjunto del tráfico rodado destacan los elevado numerosos ciclomotores y motocicletas que deambulan por las calles granadinas. No en vano, Granada -en proporción a sus habitantes- se sitúa entre las capitales con más vehículos de este tipo. Para combatir esta circunstancia, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza que recrudecía las sanciones a propietarios de motos que emitiesen ruidos excesivos. A mediados del año 2002, el Ayuntamiento llegó a tramitar 219 denuncias por superar los 96 decibelios permitidos, hecho que por otra parte conllevó la retirada de 139 ciclomotores. |
Las Administraciones competentes deberán también diseñar «mapas de ruido», que serán sometidos a revisión quinquenal. Los primeros 'mapas de ruido', previstos ya en la Directiva europea a la que se adecua la Ley del ruido, deberán estar concluido en junio de 2007, y serán un claro indicador para los ciudadanos de los niveles de ruido.
Mapas de ruido
Se cartografiarán acústicamente las 15 grandes ciudades españolas con más de 250.000 habitantes, 24 grandes ejes viarios con más de seis millones de vehículos, los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supera los 60.000 trenes al año, y los 11 grandes aeropuertos donde se producen más de 50.000 movimientos de aviones al año.
En una segunda fase, y antes de junio de 2012, se tendrán que cartografiar las 56 ciudades con más 100.000 habitantes y los 26 ejes viarios con más de tres millones de vehículos al año. También se elaborarán en esta fase 'mapas de ruido' de los ejes ferroviarios que soporten más de 30.000 movimientos al año.
La norma prevé la creación de «zonas de servidumbre acústica» en el entorno de las grandes infraestructuras, y las «reservas de sonidos de origen natural», aquéllas en las que el grado de contaminación acústica por actividad humana deba ser imperceptible.
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