Elvira Rodríguez: sanción máxima 300.000 euros o 5 años de clausura

La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, afirmó hoy que la sanción máxima que prevé la nueva ley del ruido será de 300.000 euros para infracciones muy graves y que puede llegar a la clausura de hasta cinco años de las instalaciones que incumplan los objetivos de calidad.

La ministra explicó en rueda de prensa el proyecto de ley del ruido que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que define como infracciones muy graves aquellas que superen los valores límite de ruido perjudicando el medio ambiente, la seguridad o salud de las personas.

La nueva ley indica que las administraciones competentes realizarán inspecciones para medir y controlar la contaminación acústica y que los emisores acústicos colaborarán con las administraciones.

Según la ley, España dispondrá de "mapas de ruido", que permitirán conocer los niveles de contaminación acústica y actuar para evitarla, explicó Elvira Rodríguez, para quien la nueva disposición considera "por primera vez el ruido ambiental de forma integrada".

La nueva norma, por tanto, se aplicará conjuntamente a todos los emisores acústicos: actividades, infraestructuras, equipos, maquinarias o comportamientos que generen contaminación acústica, en la que España es el primer país de la UE, y no solamente desde el punto de vista de un único emisor.

La ministra descartó la posibilidad de que se concedan beneficios fiscales para financiar la elaboración de los "mapas de ruido" y los posteriores "mapas de acción", que correrán a cargo de las administraciones competentes, es decir, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y tendrán que estar terminados un año después que los primeros.

El impacto económico de la implantación de la ley será absorbido "por la propia dinámica de la economía", indicó la ministra, quien sostuvo que los planes de urbanismo del futuro contarán con los objetivos de calidad acústica que se fijarán en función del uso del suelo e integrarán las medidas necesarias antes de ejecutar las obras.

El proyecto de ley, según la ministra, "pasó por el Consejo Sectorial en enero", es fruto del consenso de todas las instancias afectadas e integra todas las observaciones de las Comunidades Autónomas. En cualquier caso, según Elvira Rodríguez, "no parece que se vayan a hacer enmiendas a la totalidad y ya trabajaremos en el Parlamento" para alcanzar un consenso pleno.

Los objetivos de la nueva ley son prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para evitar los riesgos y reducir los daños en la salud humana, proteger el derecho a la intimidad de las personas y el disfrute de un entorno adecuado.

También prevé la creación de "reservas de sonido de origen natural" y planes para prevenir el aumento de la contaminación acústica en zonas tranquilas.

El proyecto de ley establecerá parámetros comunes sobre la contaminación acústica en todo el territorio español e incorporará a la legislación española la Directiva europea que tiene un plazo de transposición hasta el 18 de julio de 2004.

La futura ley marca dos fases: la primera para antes del 30 de junio de 2007, cuando deberán estar concluidos los mapas de ruido de las 15 ciudades españolas con más de 250.000 habitantes; los 24 grandes ejes viarios con más de 6 millones de vehículos y con una longitud total de 2.546 kilómetros, los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año y los 11 grandes aeropuertos de más de 50.000 movimientos de aviones anuales.

La segunda fase, antes de 30 de junio de 2012, prevé mapas estratégicos de ruido en las 56 aglomeraciones con más de 100.000 habitantes y los 26 ejes viarios con más de 3 millones de vehículos al año.

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