Multa de hasta 601.000 euros por la venta de alcohol a menores

El grupo parlamentario socialista ha iniciado la tramitación para que el Ayuntamiento y la Policía Local puedan cerrar los bares que incumplan

STELLA BENOT

El Parlamento de Andalucía inició ayer los trámites para que el Ayuntamiento de Sevilla obtenga las competencias suficientes para cerrar los bares que vendan alcohol a menores en el mismo momento en el que lo estén haciendo, un procedimiento administrativo que supone una modificación de la Ley de Prevención y asistencia en materia de drogas que podría tardar unos tres meses en estar en vigor. Estas nuevas competencias incluyen, entre otras cosas, que los servicios municipales puedan imponer sanciones comprendidas entre 15.025,30 euros y 601.012,10 euros (cien millones de las antiguas pesetas) para las infracciones muy graves que hasta ahora eran competencia del Consejo de Gobierno de la Junta.

El Ayuntamiento también podrá incautarse de los elementos que considere oportunos durante la comisión de las infracciones, podrá decretar la clausura de los establecimientos, la revocación de las licencias de apertura, además de cancelar cualquier subvención pública -de la Junta de Andalucía o del propio Ayuntamiento- que haya obtenido la entidad infractora. Pero también podrá cerrar los bares que considere de forma preventiva y para evitar que se sigan cometiendo infracciones a la Ley o en casos de grave repercusión social. Cuando entre en vigor esta reforma legal, los servicios municipales podrán decretar la suspensión temporal de las licencias, así como la clausura preventiva del establecimiento.

La modificación de la Ley de Drogas pretende evitar que se vuelva a producir la intoxicación etílica de menores en una sala con licencia tal y como sucedió el pasado 26 de febrero en Sunflowers, donde varios jóvenes fueron encontrados por la Policía Local con intoxicaciones etílicas. Por ello, la proposición de ley formulada por el grupo parlamentario socialista -que es el proponente de esta reforma legal a instancias del Pleno del Ayuntamiento- amplía las prohibiciones actuales también a "permitir a los menores de 18 años el consumo dentro de los establecimientos".

Y todavía da un paso más. Considera infracciones muy graves las que, aun estando tipificadas como graves, "produjeran un perjuicio grave para la salud pública, en especial intoxicaciones por ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias prohibidas". La diferencia entre ambas es, claro está, la sanción económica porque las graves tienen multas de hasta 15.025,30 euros, mientras que las muy graves pueden llegar hasta un tope máximo de 601.012,10 euros.

La reforma auspiciada por los socialistas -la parlamentaria y número 2 de la lista electoral de Sánchez Monteseirín Aurora Atoche será la encargada de defenderla- pretende también atar todos los cabos y no dejar ningún resquicio a quienes venden alcohol a los menores de edad, sean cuales sean las circunstancias. Por este motivo recoge que la responsabilidad de las infracciones recogidas en la Ley de Drogas será de quienes realicen directamente las acciones u omisiones tipificadas, pero también recoge el caso del alquiler de los locales con licencia. "El titular de la empresa, actividad o establecimiento será responsable administrativamente de las infracciones cometidas por sus empleados o terceras personas que realicen prestaciones remuneradas o no, y en el caso de cesión o arrendamiento de la actividad o local a otra persona física o jurídica, responderán ambas solidariamente".

El objetivo final de toda esta reforma legal es dejar en manos del Ayuntamiento la capacidad para sancionar las infracciones de la Ley de Drogas ante la falta actual de instrumentos eficaces para atajar la venta de alcohol a menores en tiempo real, además de corregir la imposibilidad de tomar medidas cautelares que eviten que se cometan infracciones y permitir sanciones accesorias.

Este cambio legislativo pretende también cerrar la financiación necesaria para la puesta en marcha de las medidas. Las cantidades recaudadas por las multas impuestas por el incumplimiento de la Ley de Drogas podrán utilizarse para sufragar los gastos derivados de las actuaciones inspectoras y administrativas. La persecución de la venta de alcohol a menores es ahora competencia de la Policía Autonómica (de la Junta) que, al menos en teoría, cuenta con los medios necesarios para su tarea. El Ayuntamiento, por su parte, dispone de los inspectores de Medio Ambiente y la Policía Local que, los fines de semana, velan por el cumplimiento de la Ordenanza de Ruidos y la prohibición de la venta de alcohol después de las 22.00.

Más noticias de este mes | Último mes | Índice general de noticias
Página principal de ruidos.org