Los administradores de fincas prevén un aluvión de demandas por ruido en la costa

La sentencia que condena a dos años de cárcel al propietario de una discoteca de Palencia servirá de guía a las comunidades de vecinos para actuar contra los bares

JUAN C. HERNÁNDEZ

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas prevé un importante aumento de las demandas por ruido, a raíz del precedente que ha sentado una reciente sentencia penal, dictada en Palencia, contra el propietario de una discoteca al que condena a dos años y tres meses de cárcel por contaminación acústica.

Los administradores de fincas calculan que el mayor número de demandas se concentrará en las zonas turísticas, especialmente La Manga, Cabo de Palos, Mazarrón y San Pedro de Pinatar.

Hasta ahora, las denuncias por contaminación acústica presentadas por las comunidades de vecinos «se podían contar con los dedos de una mano», según Pedro García-Córcoles, asesor jurídico del Colegio: «No han pasado de la decena en estos últimos años. Y no por falta de casos, sino por la dificultad de demostrar que un determinado establecimiento molesta a los vecinos de forma sistemática».

El presidente de los administradores de fincas de la Región, Felipe López Alarcón, quien ha gestionado tres querellas en la capital murciana, resalta que la importancia de la citada sentencia reside en la pauta que ha seguido el abogado de los afectados, a la hora de probar ante el juez la existencia de contaminación acústica.

Difícil contra el botelleo

López Alarcón y Pedro García Córcoles no tienen dudas sobre el origen de las nuevas demandas: los municipios de La Manga y Mar Menor. Ambos destacan que, fuera de las zonas turísticas, los locales de copas han sabido desplazarse a zonas donde molestan menos.

Los principales focos de protestas en Murcia, Cartagena, Lorca o Molina se centran en las fiestas privadas y las zonas de botelleo, algo difícil para actuar desde el punto de vista jurídico, puesto que no existe un responsable concreto al que atribuir las molestias continuadas. En este caso, la solución reside en las ordenanzas municipales y el rigor de cada ayuntamiento a la hora de hacerlas cumplir.

«El 80% de las denuncias que se ponen ante la Policía no llega a los juzgados. Lo habitual es que los afectados llamen a un agente y que éste obligue a bajar el nivel de decibelios», explica Andrés Morey, abogado en varios casos por ruido.

«En la costa -indica Pedro García-Córcoles-, los propietarios de terrazas, bares y discotecas se han acogido a la idea de que los veraneantes no van a actuar por un problema que ocurre dos o tres meses al año. Pero ahora las cosas pueden cambiar con la sentencia».

Según el Colegio, los más predispuestos serán los propietarios de viviendas que saben que cada verano se van a encontrar con noches llenas de música y vibraciones que se traducen en insomnio y consumo de somníferos.

García-Córcoles indica que no hace falta llegar al extremo de la vía penal, como en el caso de Palencia: «Presentar una demanda por contaminación acústica es relativamente rápido si se hace por lo civil. La sentencia suele tardar entre 4 y 5 meses, a los que se puede añadir un periodo de tiempo similar si el empresario recurre». El coste de la querella ronda los 3.200 euros, cuya mayor parte recae en el denunciado si la sentencia le resulta desfavorable.

Según García-Córcoles, el primer paso que debe dar una comunidad de propietarios antes de presentar la demanda a es denunciar al responsable ante la Policía Local y esperar a que acuda un técnico del Ayuntamiento para que mida el nivel de decibelios que se registra en el inmueble.

«Si no hay respuesta de las autoridades municipales -explica-, el siguiente paso es hacer que un notario acuda y levante acta de la situación para, posteriormente, pedir un informe pericial a una empresa privada. Con ambas pruebas puede iniciarse la demanda».

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