A Coruña, 9/3/2003 Las ciudades gallegas acumulan más de mil denuncias por exceso de ruido-Las asociaciones de vecinos están dispuestas a presentar querellas en masa tras la sentencia de Palencia -Unos doscientos locales acaparan la mayor parte de los expedientes «La gente me llega al despacho con el parte del psiquiatra y con todo tipo de ansiolíticos para demostrar que su problema es muy serio». Jorge Pinedo, el abogado de la Plataforma Estatal de Asociaciones contra el Ruido (Peacram), ha atendido en el último año cerca de dos mil consultas de ciudadanos de toda España que quieren llevar su caso ante los tribunales. Una de las acciones legales que le ocupa, que ha sido admitida a trámite por la vía penal, podría convertirse en la segunda en la que el denunciado, el propietario de una discoteca, es condenado a prisión por un delito ambiental relacionado con la contaminación acústica, después de que esta semana se conociera que el Tribunal Supremo decidió imponer dos años de cárcel al dueño de una sala de fiestas de Palencia por exceso continuado de ruidos. El fallo, considerado histórico por el presidente de Peacram, Igancio Sáez Cosculluela, «supone un revulviso para que los ciudadanos particulares presenten sus casos ante los tribunales». En Galicia, Compostela sin Ruido ya ha avanzado que a partir de ahora, en tanto no mejore la tramitación a través de la vía municipal, llevará todos los casos a los tribunales, tanto por vía contenciosa administrativa como por la penal. En términos parecidos se pronunció José Sánchez, responsable de la Confederación Gallega de Asociaciones de Vecinos, quien asegura que la sentencia de Palencia «supone el fruto de muchos años de reivindicaciones y revalida la actuación del movimiento vecinal». A la espera de que las quejas se canalicen en masa a través de los juzgados, ahora son los ayuntamientos los que tramitan la mayor parte de las protestas ciudadanas derivadas de la contaminación acústica. Las siete ciudades gallegas han tramitado en el último año algo más de mil denuncias relacionadas con ruidos, aunque el número es mucho más del doble si a la lista se suman las intervenciones policiales motivadas por llamadas vecinales o los expedientes por incumplimiento del cierre de los locales, que también encierran un problema de exceso de decibelios. ExpedientesUn ejemplo. En Santiago se atienden cada jueves, el día de la movida en la ciudad, veinte llamadas de ciudadanos que requieren la actuación policial por un exceso de decibelios, lo que sumaría sólo en esta urbe más de mil casos al año. Sin embargo, estas acciones sólo se han traducido en 224 expedientes. Algo parecido ocurre en A Coruña, donde de un total de 317 intervenciones realizadas por los agentes para revisar los niveles sonoros de los locales, únicamente 94 han acabado en sanciones. Estas denuncias y las del resto de las ciudades tienen fundamentalmente su punto de mira en 200 locales de toda Galicia considerados como conflictivos, que en muchos casos han sido clausurados u obligados a realizar reformas para paliar el problema. No obstante, la situación en Galicia ha experimentado una ligera mejoría en relación a los últimos años, según han admitido las propias asociaciones vecinales, en buena parte porque la comunidad cuenta con una normativa que regula la situación, que prevé multas de hasta 60.100 euros y el cierre de locales, y porque cada ayuntamiento cuenta ya con una ordenanza específica sobre ruidos.
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