El anterior dueño de Chapó recurrirá en el Constitucional la sentencia por ruidos

La defensa cree que se han vulnerado algunos derechos fundamentales de su cliente

El abogado afirma que varias pruebas habían sido rechazadas en otro juicio

JOSÉ MARÍA DÍAZ

José García de Juan, anterior propietario de la discoteca Chapó, ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al considerar que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la que se le condena a dos años y tres meses de cárcel y se ordena el cierre del establecimiento por tres años vulnera algunos de sus derechos fundamentales.

El abogado defensor del hostelero condenado, Eduardo Moreno Herrero, confirmó ayer que su cliente tiene previsto solicitar el amparo del Tribunal Constitucional, ya que es la única posibilidad de recurso que existe en el ordenamiento jurídico español después de que se haya pronunciado el Tribunal Supremo.

El abogado admitió que existen pocas probabilidades de que el Constitucional admita a trámite el recurso de amparo, pero señaló que, desde su punto de vista, en el proceso se han vulnerado claramente los derechos de su defendido, por lo que se pretende llegar hasta el final para demostrar que no se ha producido ningún delito.

El letrado de la defensa explicó que en el proceso penal que derivó finalmente en la condena del Tribunal Supremo se han admitido como válidas una serie de mediciones de ruidos que ya habían sido declaradas nulas en un procedimiento anterior que se siguió en los juzgados de lo contencioso-administrativo. El abogado Eduardo Moreno Herrero mantiene que esta situación es completamente irregular, y afirma que no debería haberse admitido esas mediciones como prueba, ya que habían sido invalidadas anteriormente.

El abogado mantiene que si se atiende a la Ordenanza Municipal de Ruidos las mediciones realizadas no pueden considerarse válidas, razón por la que fueron anuladas en el juicio contencioso. «Las mismas mediciones que no sirven para una sanción administrativa han servido para una condena penal, y basándonos en esto entendemos que se han vulnerado los derechos de mi defendido», señaló Eduardo Moreno.

El letrado manifestó que no teme que su cliente pueda ingresar en la cárcel, al haber sido condenado a dos años y tres meses, ya que los propios jueces solicitan un indulto parcial de quince meses al estimar que la condena impuesta por ley es excesiva a la vista de la gravedad de los hechos.

El abogado señala que es la primera vez que ve que el propio tribunal enjuiciador solicita el indulto, con lo que se muestra seguro de que el Gobierno no dudará en conceder la rebaja de pena a su cliente.

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