La discoteca Chapó se cerrará tres años al no ser posible ningún recurso

La Audiencia Provincial ordenará ejecutar la clausura del establecimiento y el pago de las indemnizaciones

La reducción de pena solicitada por el Tribunal Supremo al Gobierno evitará que el anterior propietario ingrese en prisión

JOSÉ MARÍA DÍAZ

La discoteca Chapó, uno de los establecimientos nocturnos más apreciado por los jóvenes palentinos, deberá cerrarse durante tres años, tal y como ordena una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica un fallo anterior de la Audiencia Provincial, que decretaba la clausura del establecimiento por un delito contra el medio ambiente en la modalidad de contaminación acústica.

La imposibilidad de que se plantee un nuevo recurso, ya que se han agotado todas las vías judiciales pertinentes, obligará a la Audiencia Provincial a decretar el cierre de la discoteca, así como a ordenar al antiguo propietario, José García de Juan, el pago de una serie de indemnizaciones a los vecinos afectados por los ruidos emitidos por la discoteca. La única posibilidad de recurso que se establece en el ordenamiento jurídico español después de una sentencia del Tribunal Supremo es el amparo del Tribunal Constitucional, en el caso de que se considere que se han violado los derechos constitucionales del acusado, pero parece improbable que pueda plantearse un recurso de estas características.

La sentencia condena además al antiguo propietario de la discoteca a una pena de dos años y tres meses de prisión, aunque con toda seguridad no llegará a ingresar en la cárcel, ya que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo solicitan en su fallo un indulto parcial de quince meses, al estimar que la pena impuesta con arreglo a la ley es excesiva a la vista de la gravedad de los hechos.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron ayer a este periódico que debe ser la Audiencia Provincial quien ordene ejecutar la sentencia en cuanto reciba la notificación del Tribunal Supremo, para lo que tardarán todavía unos meses. La Audiencia ordenará entonces el cierre de la discoteca, el pago de las indemnizaciones y una inhabilitación de dos años para ejercer el negocio de la hostelería, aunque parece que no llegará a dictar el ingreso en prisión del hostelero, porque todo apunta a que el Gobierno concederá el indulto solicitado, ya que no existen motivos de alarma social para que se cumpla la pena de cárcel.

La sentencia del Tribunal Supremo prácticamente confirma la dictada en noviembre de 2000 por la Audiencia Provincial de Palencia, aunque establece algunas diferencias, como la imposición de una inhabilitación temporal para ejercer la profesión a la que venía dedicándose García de Juan o una rebaja en la sanción económica. La Audiencia imponía una multa de 698.821 euros, pero el Tribunal Supremo ha rebajado la cantidad a 559.056 euros. Lo que sí se ha mantenido son las indemnizaciones a los vecinos.

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