Las asociaciones contra el ruido celebran el «aviso» que supone el fallo de Palencia

Los colectivos que, en Valencia, luchan contra la contaminación acústica por locales de ocio se han sumado a los que, en toda España, celebran la condena de cárcel al dueño de una discoteca en Palencia.

EMV/Agencias

El Tribunal Supremo ha condenado al propietario de una discoteca de Palencia a dos años y tres meses de cárcel por superar los niveles de ruido permitido creando una situación grave de peligro físico y psíquico para los vecinos, en la primera sentencia dictada por el Alto Tribunal por este delito. Las reacciones ante este precedente no se han hecho esperar a nivel nacional y en Valencia, donde distintos colectivos y vecinos desarrollan también su lucha contra el ruido producido por locales de ocio con protestas y en los tribunales.

El Supremo impone esta pena de cárcel por un delito contra el medio ambiente en la modalidad de contaminación acústica a José G.J., el pago de una multa de 3.360.000 pesetas (20.194 euros), además de inhabilitarle durante dos años para ejercer este tipo de negocios. El tribunal explica que los vecinos tuvieron que sufrir durante meses altos niveles de ruido, que afectaron al sistema nervioso de niños y que algunos denunciantes precisaron tratamiento médico por irritabilidad y alteración del sistema del sueño, por lo que se vieron obligados a trasladarse de casa.

En Valencia, se siguió un caso por la vía penal -el de la discoteca Jardines del Real- pero la Audiencia acabó absolviendo a los responsables. El caso de otra vecina llegó al Tribunal Constitucional, aunque iba por vía administrativa. Otros vecinos esperan la decisión del Tribunal Supremo. El abogado Andrés Morey, que fue pionero al lograr que el TSJ condenara al ayuntamiento de la ciudad a indemnizarle y pagarle los cristales dobles y ahora está especializado en estos casos, mostró ayer su «alegría por una sentencia que sienta un importante precedente jurisprudencial en materia de ruidos y abre una puerta». Aunque lo corriente es acudir a la vía administrativa o la civil, este fallo deja claro, señala, «que sí cabe hablar de un delito por ruidos en los casos más sangrantes». Morey va más allá y apunta que, además del propietario del local, el artículo 329 del Código Penal establece la posibilidad de condenar a la autoridad o funcionario público que dicte informe favorable al funcionamiento de una actividad a sabiendas de su ilegalidad.

El fallo de Palencia ha provocado reacciones diferentes. Las asociaciones de afectados se han mostrado satisfechas mientras que las de empresarios de discotecas rechazan que se les pueda condenar a cárcel «por faltas administrativas». El Ministerio de Medio Ambiente considera que el fallo supone un precedente importante en la consideración del ruido como contaminación grave.

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