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Valencia, 12/1/3

La nueva Ley del Ruido no aumenta las denuncias por contaminación acústica

La Policía Autonómica mantiene el mismo ritmo sancionador que durante el año pasado

La nueva Ley del Ruido que entró en vigor hace un mes no ha aumentado el número de denuncias por contaminación acústica en la Comunidad Valenciana a pesar de ser la normativa más rigurosa de España. Tanto la Policía Autonómica como la Policía Local de Valencia mantienen estos días el mismo ritmo sancionador que durante el año pasado.
J. MARTÍNEZ/A. GONZÁLEZ

Lagunas de la normativa

El diputado del Grupo Mixto en las Cortes Valencianas, Joan Francesc Peris, asegura que la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica es más téorica que práctica y "no trata los focos que generan mayor intensidad de ruido'' como pueden ser las carreteras o el aeropuerto de Manises.

Peris también echa en falta una mayor implicación económica por parte de la Generalitat Valenciana, ya que "los sonómetros son instrumentos caros'' y la normativa establece que los ayuntamientos deben vigilar y comprobar las emisiones de ruidos. "Deberían de aprobarse subvenciones para costear estos aparatos'', añade.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Laura Gómez afirma que la Ley del Ruido garantiza de manera eficaz los derechos constitucionales relativos a la integridad física y moral, "protección de la salud y disfrute de un medio ambiente adecuado''.

La promesa del Consell de acabar con todos los problemas que conlleva un fenómeno tan indeseado como el ruido parece desvanecerse conforme pasan los días de vigencia de la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica. Desde el pasado 10 de diciembre, cuando entró en vigor la nueva normativa, el Ayuntamiento de Valencia ha tramitado cerca de 30 propuestas de sanción por niveles de ruido mayores al permitido, un número similar de denuncias cursadas durante el mismo periodo de los años 2001 y 2002.

Aunque desde la Conselleria de Medio Ambiente y el laboratorio municipal de Valencia insisten en que todavía es pronto para valorar la normativa sobre ruido "más avanzada'' de toda España, dirigentes vecinales como Federico Pardo, presidente de la Comunidad de Propietarios Pasamar -que agrupa a 360 dueños de viviendas de la zona de Woody-, se muestra muy pesimista. Pardo no cree que la nueva Ley del Ruido le ayude al alcanzar el nivel de bienestar del que gozan los vecinos de otros barrios de la ciudad.

"En las últimas semanas hemos presentado cuatro solicitudes para medir el nivel de decibelios y seguiremos haciéndolo hasta que consigamos la declaración de zona acústicamente saturada'', asegura el portavoz vecinal.

Además, tanto la Policía Local de Valencia como la Policía Autonómica, según fuentes de ambos cuerpos, mantienen el mismo ritmo sancionador por contaminación acústica que durante diciembre de 2001 y enero de 2002, lo que indica que la normativa no ha cambiado, por el momento, el panorama de 700.000 valencianos que, conforme a los datos de la Conselleria de Medio Ambiente, sufren molestias por exceso de ruido.

Sin embargo, José Luis Bosch, jefe del laboratorio municipal de Valencia, tiene una lectura diferente de estas circunstancias. "La mayoría de disposiciones de la Ley del Ruido aprobada por las Cortes Valencianas ya estaban contempladas en nuestra ordenanza muncipal del 96, por lo que ahora estamos consolidando una serie de actuaciones''.

Una asignatura pendiente

Pero para muchos municipios valencianos, la contaminación acústica continúa siendo una asignatura pendiente. En la actualidad, sólo uno de cada tres ayuntamientos de la Comunidad Valenciana dispone de ordenanzas municipales sobre esta materia.

La burocracia es otro problema al que se deberán enfrentar los técnicos tanto municipales como de la Generalitat si quieren que la ley sea práctica. Para solicitar una medición de decibelios, no basta una llamada teléfonica del vecino afectado, sino que éste debe presentar un escrito dirigido al Ayuntamiento pidiendo la actuación concreta.

La reclamación es luego estudiada por la concejalía competente. Los siguientes trámites son la apertura de un expediente, la medición con un sonómetro, el correspondiente informe, la notificación al causante del ruido para que adopte medidas correctoras, el plazo para subsanar la deficiencia y una segunda inspección que verifique la reparación.

Así, se dan numerosos casos en los que el infractor es multado varios meses después de la protesta por escrito del resignado ciudadano, que continúa sufriendo la contaminación acústica durante el largo proceso sancionador.

Los municipios, obligados a adaptarse

DELEGACIONES (ALZIRA/XÀTIVA/GANDÍA/SAGUNTO)

La mayor parte de los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes ya habían demostrado su preocupación por la contaminación acústica a partir de un estudio de la Diputación en 1998 y se pusieron manos a la obra para intentar atajar las molestias sonoras.

Por ello, algunas de estas poblaciones ya habían elaborado, con anterioridad a la nueva Ley del Ruido, ordenanzas para intentar paliar este problema, pero ahora deberán adaptarlas a la nueva Ley en un plazo de un año.

Es el caso, de Quart de Poblet, Paterna y Catarroja, entre otras, que aprobaron diferentes normativas a partir del 2000 para mitigar la contaminación acústica.

Por el contrario, los ayuntamientos de Alaquàs y Burjassot no han mostrado una gran preocupación por este problema y hasta la fecha no han promulgado ninguna ordenanza para regular las molestias sonoras.

En los casos de Oliva y Gandía, se demostró el interés de los consistorios cuando ya en 1999 aprobaron sus respectivas ordenanzas reguladoras. Ambas diferencian las zonas residenciales, comerciales, industriales y sanitarias, y establecen un máximo de decibelios diarios y nocturnos.

Prohibido aplaudir

En la población de Oliva se vive una situación muy particular. El Ayuntamiento ha prohibido que los vecinos de la localidad aplaudan o que canten muy alto por la vía pública a partir de la medianoche.

El Ayuntamiento de Sagunto también regula la contaminación acústica desde hace 10 años a través de una ordenanza de protección del medio ambiente. Así, se regula los ruidos derivados del tráfico, la maquinaria industrial o los locales de ocio, así como las molestias por ladridos.

En la comarca de la Ribera, Alzira y Sueca mostraron su precocidad con normativas de 1996; Cullera hizo lo mismo un año antes; Carcaixent en julio de 2000; y Algemesí la aprobó en 1994, pero no está publicada.

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