Las primeras alegaciones a la ley del ruido exigen más severidad con las discotecas

Las asociaciones de vecinos han presentado sus propuestas al anteproyecto de ley de contaminación acústica. Entre otras cosas, piden más restricciones en los locales de ocio y que se retiren los equipos musicales capaces de causar más ruido del permitido.

Belén Ríos (VALENCIA)

Los vecinos piden que el límite de decibelios sea de 80 en los locales y establecimientos con ambientación musical (en vez de 90 como prevé el documento). Pero además piden que, para acabar con la práctica de precintar equipos musicales, se obligue "a retirarlos y sustituirlos por otros que sean incapaces de emitir más de 80 decibelios, terminando así con los desprecintajes y manipulaciones tan comunes hoy en día''. Según los vecinos, esta medida "reduciría al 100% las posibilidades de defraudar''.

El texto remitido a Medio Ambiente expone también que es absurdo que los empresarios en cuyo local se pase de 90 decibelios tengan que poner un cartel de aviso sobre las consecuencias nocivas de los niveles sonoros, como reza el anteproyecto de ley. "Estamos totalmente en desacuerdo, entre otras cosas porque contraviene el tratado constitucional de la Organización Mundial de la Salud que establece el umbral doloroso en 130 decibelios''.

En cuanto a la necesidad de que las empresas realicen cada cinco años auditorías acústicas, proponen que el plazo se reduzca a tres años. Plantean que cualquier persona puede solicitar justificadamente una inspección pública en los locales y que se endurezcan las sanciones.

Consideran que la multa mínima en caso de infracciones leves sea de 25.000 pesetas y no de 10.000 como marca la ley y que la retirada de licencias sea, en su caso, de al menos 8 meses en vez de 6.

Las alegaciones, que son en su mayor parte comunes a todas los colectivos pertenecientes a la CAVE-COVA (Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana), proponen que se establezca periódicamente un plan de actuación de control de ruido y vibraciones, en el que participarán los municipios valencianos que tengan más de 10.000 habitantes y otros que se determinen.

En referencia a los plazos de adaptación una vez entre en vigor el próximo año la normativa, proponen que sea de un máximo de tres años para todas las actividades.

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