Los denunciantes de Suárez exigen los controles de ruidos en Lugones

EL PROCESO JUDICIAL CONTRA UN CONCEJAL

Los vecinos de la calle Monte Naranco de Lugones que presentaron una querella por supuesta prevaricación contra el edil delegado de Conceyu, Manuel Ángel Suárez, anunciaron ayer que solicitarán judicialmente los servicios de un perito que realice las mediciones sobre ruidos en el discobar de Lugones que ha sido objeto de varias denuncias por las molestias que causa a la comunidad del inmueble bajo el que se sitúa. Según indicó ayer uno de los querellantes, los vecinos afectados «desconfiamos de las pruebas de ruido que realice el Ayuntamiento». Los querellantes, representados por el letrado Javier Díaz Esnal, instan asimismo al alcalde, Juan José Corrales, a que haga públicos los resultados de las mediciones que se habrían realizado hasta la fecha en el local.

Los vecinos de la calle Monte Naranco presentaron una querella por supuesta prevaricación contra el edil delegado de Lugones basándose en que éste habría ordenado, al parecer, a la Policía Local de Siero que no interviniese cuando fuese requerida por denuncias sobre ruidos en el local. Los abogados que representan a querellantes y a querellados anunciaron sus intención de llamar a declarar en calidad de testigos a los dos policías que, supuestamente, habrían comentado en presencia de los vecinos que un concejal habría dado esa orden.

Sin embargo, antes de que los agentes hubieran sido sido citados para declarar, el jefe de la Policía Local, Pedro Arturo Díaz, confirmó el pasado lunes que nunca se había recibido tal orden por parte de ningún concejal del Ayuntamiento.

Los querellantes instan al Alcalde a que haga públicos los resultados de las mediciones realizadas hasta la fecha en el local de Lugones, después de que éste asegurase que «jamás se impidió controlar ni ése ni otros establecimientos del concejo» y que los vecinos de la calle Monte Naranco se habrían negado a permitir realizar mediciones de ruido en sus viviendas en algunas ocasiones.

Los vecinos sostienen que no se habrían negado a permitir tales mediciones y que el regidor «debe hacer públicos los resultados de las pruebas que existen el Ayuntamiento», para que «quede claro que los ruidos que emite el local superan los permitidos por ley».

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