Millán sugiere una ley específica para la 'movida' y Gago extremar competencias

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO PRESIDIÓ LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD EN VILAGARCÍA

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alejandro Millán, presidió ayer en Vilagarcía la reunión de la Junta Local de Seguridad, tras la cual abogó por mejorar la legislación para el control de la movida nocturna. Horas antes, el alcalde, Javier Gago, que apuesta por "extremar las competencias municipales'' en este ámbito, firmaba la orden de cierre de dos locales y por la tarde se aprobaba en el pleno la Ordenanza de Ruidos.

VILAGARCÍA. Suso Souto

Javier Gago dijo ayer que hay "vacíos en la legislación sobre la movida en los que los ayuntamientos deben tener más competencias'' y que, en todo caso, "es preciso acelerar los trámites administrativos relacionados con los locales públicos''. El alcalde coincidió con Millán Mon en la necesidad de instar a la Xunta de Galicia a mejorar la legislación para permitir un mayor control de los horarios y una mayor eficacia en la tramitación de expedientes. Además, se abogó por la coordinación de Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional y Gago incluso apuntó la posibilidad de pedir la colaboración de Protección Civil para labores de vigilancia de la movida. Millán Mon recordó que el número de delitos en Vilagarcía en 1999 descendió en un 10% respecto al año 1998, siendo de 818 y que, en todo caso, los problemas de la movida no son exclusivos de esta localidad. Tras señalar que la regulación vigente "es mejorable'', el subdelegado del Gobierno dijo que "el exceso de horario para un local es una falta leve y se sanciona con 50.000 pesetas. Los horarios no sólo son amplios, sino que además se incumplen''. Millán Mon destacó que algunas Comunidades "han desarrollado una ley específica para el control de la movida y quizá sea un modelo a seguir''. A la reunión asistieron, además, los ediles de Protección Civil, Emilio Barreiro, y de Tráfico, Alejandro Quintela; el jefe de Protección Civil, Gonzalo Bermúdez; el comisario de la Policía Nacional, Simón Sabariz; el comisario provincial, Jaime Mora; el teniente de Cambados, José Rancaño y la jefa de la Policía Local, Carmen Roca.

El pleno recibió con unanimidad una ordenanza de ruidos muy 'solicitada'

La Junta Local de Seguridad se reunía apenas horas después de que el regidor de Vilagarcía firmase un decreto por el que ordenaba el cierre de dos locales públicos, Reica y Moes, por empezar a desarrollar su actividad careciendo de licencia municipal. Por la tarde se celebraba un pleno en el que el gobierno aprobaba la Ordenanza Municipal de Ruidos e Vibracións. El texto, que se someterá a un plazo de alegaciones de 30 días, fue recibido con la unanimidad de los cuatro grupos políticos, que coincidieron en señalar que redundará en beneficio de la calidad de vida. La ordenanza, pensada para controlar la movida, afecta también a los ruidos que puedan generarse en los domicilios y hasta los del paso del tren. La ordenanza prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública (salvo en las terrazas) y frena la concesión de licencias a locales de menos de 80 metros cuadrados. La portavoz socialista, Ángela González, dijo que "se trata de una ordenanza ambiciosa'' y que ya se interesaron por ella varios ayuntamientos de Galicia por resultar ciertamente innovadora. El pleno aprobó también una polémica modificación de créditos con la que el gobierno quiere pactar una moratoria de la deuda con el Banco de Crédito Local durante seis meses para hacer frente al pago a proveedores del año 1998, lo que criticó la oposición por el coste añadido de la operación. El edil socialista Rodríguez Cuervo, que fuera acusado por el independiente Rivera Mallo de cargar al Ayuntamiento una dieta por asistir a un homenaje a Felipe González, le tildó de "mezquino'' y aclaró que fue un viaje institucional a Santiago que costó 4.000 pesetas. Pero Cuervo no pudo evitar recordarle los gastos de 600.000 pesetas en dietas de su teniente de alcalde durante su etapa como regidor en los primeros meses del gobierno, frente a las 8.000 pesetas que cobró el socialista este año.

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