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Vélez-Málaga, 14/04/09

Vecinos de El Copo afectados por los ruidos piden el embargo de los bienes del Consistorio

Se quejan de que nueve meses después del fallo del Supremo no se les ha abonado los 2,8 millones de euros. La sentencia fija una indemnización de 156.000 euros para cada uno de los 18 propietarios por los problemas de ruidos
AGUSTÍN PELÁEZ

Edificios Ipanema
Los edificios Ipanema se encuentran a un paso de El Copo, origen de los ruidos denunciados por los vecinos / SUR
El Tribunal Supremo condenaba en julio de 2008 al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a tener que abonar la mayor indemnización de España por exceso de ruidos. Así, el fallo judicial fijaba una cantidad de 156.000 euros para cada uno de los 18 vecinos de los edificios Ipanema, situados junto a la zona de ocio de El Copo de Torre del Mar, que denunciaron las molestias sufridas entre 1990 y 2003 por los ruidos de los locales en los que se concentra la movida nocturna.

Nueve meses después el Consistorio veleño sin embargo no ha hecho efectiva aún ninguna cantidad, argumentando que el capitulo de gastos extraordinarios del presupuesto de 2008, todavía vigente, estaba más que agotado, pero que en el presupuesto de 2009 incluiría una partida económica para abonar la indemnización.

A los vecinos la respuesta no les satisface, toda vez que a estas alturas del año la corporación no ha aprobado el nuevo presupuesto ni hay plazos para ello.

Ejecución de sentencia

Ante esta situación y como consecuencia del retraso en el que viene incurriendo el Consistorio, los afectados, que pidieron en octubre de 2008 la ejecución de la sentencia, han terminado por solicitar en marzo de este año que se inicie el embargo de los bienes del Ayuntamiento necesarios para satisfacer la cantidad fijada por el tribunal, o lo que es lo mismo los 156.000 euros a cada uno de los 18 vecinos que denunciaron las molestias sufridas durante 13 años por los ruidos (2.800.000 euros en total).

Durante este tiempo, los vecinos se han dirigido en distintas ocasiones al tribunal no sólo para exigir el cumplimiento de la sentencia, sino también para pedir la relación de bienes del Consistorio con la intención de reclamar el embargo de los mismos como forma de pago.

La petición de embargo tuvo lugar finalmente en marzo pasado. Hasta el momento el TSJA no se ha pronunciado al respecto.

Ante los reiterados escritos de los vecinos, la Sala de lo Contencioso del TSJA en Málaga se dirigió al Ayuntamiento en noviembre pasado solicitando información sobre el pago de la indemnización a los 18 propietarios y sobre las acciones llevadas a cabo sobre el cumplimiento de la normativa legal sobre control de ruidos.

Consignación

El Consistorio informó al tribunal de que, al no disponer de consignación presupuestaria, el Ayuntamiento no estaba en disposición de realizar el pago de la indemnización. No obstante, para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia el equipo de gobierno (PSOE, IU y GIPMTM) expresaba su intención de elaborar un plan de pagos que hacía depender de las disponibilidades económicas de las arcas municipales.

Recientemente, el tribunal ha pedido al Consistorio que le informe cada 10 días de la marcha del presupuesto y de la cantidad consignada para cumplir la sentencia.

Según José Antonio Siles, uno de los vecinos denunciantes, el Ayuntamiento no está cumpliendo esta última orden judicial, de ahí que hayan decidido reclamar el embargo como forma de pago.

La sentencia del Supremo desestimaba el recurso interpuesto por el Consistorio contra el fallo emitido en junio de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que condenaba al Ayuntamiento a indemnizar con 12.020 euros a cada uno de los vecinos que denunciaron la situación. Asimismo estimaba el recurso de los vecinos, que reclamaban dicha cantidad por cada uno de los años que han sufrido las molestias.

El fallo del TSJA de 2003 era la primera condena en Málaga contra un ayuntamiento por no atajar el ruido. La sentencia ordenaba cumplir en un plazo máximo de mes la normativa legal vigente sobre el control de ruidos, a realizar el control efectivo de la insonorización de los locales e incluso a anular las licencias otorgadas a los locales que no cumplieran la legislación. Según el fallo judicial, los vecinos tuvieron que soportar ruidos de 120 decibelios cuando el máximo permitido es de 30, es decir tres veces más del máximo autorizado.

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