Villalonga deberá indemnizar a un vecino que exige el cierre de un bar por el ruido

Sigue abierto sin licencia aunque el Consistorio ha ordenado tres veces su clausura

A. ESCRIVÁ

El bar denunciado se encuentra en una zona céntrica de Villalonga

La sala establece la responsabilidad patrimonial del Consistorio por los daños y perjuicios ocasionados al recurrente y le obliga a indemnizarle con 4.000 euros y el pago de las costas del procedimiento.

La ley establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Y eso es precisamente lo que denuncia este vecino.

Durante nueve años, el denunciante no ha cesado de presentar recursos en el Ayuntamiento, la Conselleria, en las direcciones generales de Interior y Espectáculos y reclamar la presencia de la Policía Local y del Seprona-Guardia Civil para realizar mediciones acústicas.

El daño moral, en este caso, está en las condiciones de vida que se les ha impuesto a los recurrentes como "consecuencia de los ruidos del restaurante clandestino" de su finca, durante un tiempo prolongado.

El abogado defensor alega una actuación "pasiva, insuficiente e ineficaz" del Ayuntamiento, lo que ha propiciado la necesaria y continua intervención del afectado para impulsar las correcciones que no se acometían. Y es que durante años, este vecino de Villalonga ha comprobado cómo el restaurante ha trabajado sin la licencia necesaria para el tipo de actividad que desarrolla.

Se queja de que desde hace diez años, está abierto los fines de semanas hasta la madrugada, con mucha gente joven a veces borracha, que vende bebida a través de una ventanilla y que aunque cierra las persianas, cada vez que entra o sale alguien el ruido es insoportable.

Existen tres decretos de Alcaldía en los que se acuerda el cierre del local. Sin embargo, nunca se ejecutaron. Por todo ello, el abogado defensor del vecino incluyó en su denuncia que la inejecución del decreto municipal de clausura constituye ya una actuación administrativa "anómala". Y si se añade la insistencia de los recurrentes para que el Ayuntamiento cumpliera con su obligación, el resultado es una actuación "pasiva e ineficaz por su prolongación en el tiempo por parte de la administración municipal".

Esta es la segunda sentencia. La primera ya obligaba al Ayuntamiento a acatar sus propios decretos de Alcaldía. Ahora se le concede una indemnización, pero E. P. asegura que no es eso lo que quiere. "A mi el dinero me da igual. Lo que quiero es que se cumpla la ley. Que ese bar tenga la licencia que necesita, la cumpla y si no, que lo cierren".

Desde el Consistorio aseguran que la licencia está solicitada desde hace más de nueve meses pero aún no ha llegado.

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