El Ayuntamiento decreta el pago de la indemnización por la motorada

El damnificado José Peña denuncia la demora que está sufriendo en el cobro de la cuantía fijada por el fallo judicial · Juristas contra el Ruido advierte que el Ayuntamiento debe adoptar medidas adicionales

Carlos Benjumeda

Una imagen de una de las concentraciones moteras que se organizan en la ciudad con motivo del Premio de España de Motociclismo

El decreto municipal asume el fallo emitido por el Juzgado Número 2 de lo contencioso administrativo de Cádiz el 27 de diciembre de 2007, que ordenaba compensar a dicho vecino con 4.500 euros (1.500 euros por cada día del evento) por las molestias sufridas a causa de la mencionada concentración motera, durante la cual se vulneran derechos fundamentales, tal como reconocen las sentencias judiciales, y de lo que se responsabiliza al Ayuntamiento.

El decreto emitido por el concejal de Policía Local resuelve el abono de 4.503 euros en concepto de "responsabilidad patrimonial" a José Peña, vecino de un piso en la calle Compositor Caballero, junto a la avenida de la Bajamar, uno de los sitios donde se han registrado de forma habitual algunos de los mayores desmanes de la concentración motera.

No obstante, pese a que la decisión municipal le fue notificada el pasado 20 de febrero, el afectado todavía no ha cobrado la indemnización (que debe realizarse mediante transferencia bancaria), lo que ha sido motivo de queja por parte de Peña Argudo, conserje municipal jubilado, que ha expresado su malestar por la demora y pide que la cuantía "sea pagada urgentemente".

Tampoco ha sido abonada todavía por el equipo de Gobierno la indemnización de la primera condena judicial por la motorada, emitida en 2005 por el TSJA, que desautorizaba al ex alcalde Hernán Díaz para regular el evento de forma unipersonal, y obligaba al Consistorio a pagar 769 euros a José Antonio Navalón por "daños morales". Tanto en uno como en otro caso, la asociación de Juristas contra el Ruido se encargó de la asesoría jurídica de los damnificados.

Ayer mismo, Navalón confirmaba a este diario que todavía no ha cobrado la indemnización y que en diciembre pasado pidió una entrevista al actual alcalde Enrique Moresco (PP) para intercambiar opiniones sobre la forma en que se ha organizado la concentración motera y reclamar "un cambio de rumbo" en base a las directrices marcadas por los órganos judiciales.

En el caso de Navalón, donará la indemnización a Amnistía Internacional (AI), "que se ocupa de denunciar los casos de tortura, y esto fue un caso de tortura claramente".

Precisamente, la asociación Juristas contra el Ruido, ha enviado una carta a José Peña, que la hará llegar al Registro Municipal, en la que recuerda al Ayuntamiento la obligación de tomar medidas adicionales para cumplir las sentencias del Juzgado de Cádiz y del Tribunal Supremo ante la concentración motera. Juristas recuerda que se trata de "una fiesta que carece de raíz o arraigo popular", y que se vulnera el derecho "al descanso, a la salud, la integridad física y moral, la intimidad y la inviolabilidad del domicilio".

Advierten además que ya se han producido varias sentencias anulando los bandos municipales "por falta de participación vecinal", y reclama que se prohiba "el estacionamiento y juegos de motos, en un radio de mil metros alrededor de la vivienda" de Peña Argudo, en alusión a Bajamar.

La carta concluye que si no se cumplen estos preceptos, Juristas contra el Ruido apoyará las medidas judiciales que tomen los afectados para reclamar por los daños que les pueda ocasionar la concentración motera.

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