El dueño de una discoteca se enfrenta a 15 años por ruido

La fiscalía imputa al acusado 9 delitos de lesiones y uno contra el medioambiente
Vecinos del local, situado en la calle de Entença, presentaron 32 denuncias

J. G. ALBALAT

La discoteca 242, en el número 37 de la calle de Entença, con las persianas bajadas, el pasado viernes. Foto: JOSEP GARCIA

La Fiscalía de Barcelona está aplicando mano dura en su lucha contra la contaminación acústica. El fiscal delegado de Medio Ambiente, José Joaquín Pérez de Gregorio, ha presentado un escrito de acusación en un juzgado de la capital catalana en el que solicita un global de 15 años de prisión contra el administrador de una sociedad que desde diciembre del 2006 gestiona la discoteca 242, situada en la calle de Entença. El local actualmente está en obras.

El fiscal acusa a Gabriel A. F. de un presunto delito contra el medio ambiente, por el que reclama seis años de prisión, multa y cuatro años de inhabilitación y nueve delitos de lesiones, por los que pide un año de prisión por cada uno. También pide que se indemnice a cuatro perjudicados con 10.000 euros a cada uno.

El local donde se halla ubicada la discoteca 242, en el número 37 de la calle de Entença, obtuvo la preceptiva licencia municipal para ejercer la actividad de bar en julio del 2001, en un horario concreto y con limitación de ruido. En diciembre del 2006, el acusado adquirió el negocio y lo transformó "ilegalmente", según el fiscal, en una discoteca after. Nada más iniciar la actividad, los vecinos empezaron a quejarse del fuerte ruido que provenía del local.

Entre el 9 de diciembre del 2006 y el 6 de mayo del 2007, los vecinos de los edificios colindantes presentaron 32 denuncias ante la Guardia Urbana y el distrito del Eixample por presunta contaminación acústica, consistente en "continuas y reiteradas inmisiones sonoras".

ACTIVIDAD ILEGAL

El 3 de febrero del 2007, la Guardia Urbana realizó una primera inspección y, según la fiscalía, comprobaron que el acusado ejercía en el establecimiento destinado a bar "una ilegal actividad de discoteca" que desarrollaba de 22.00 a 3.00 horas (de jueves a sábado) y de las 5.00 a las 13.00 horas (de viernes a domingo).

En el establecimiento se había instalado un equipo de música sin limitador. A la vez, la policía comprobó "la grave contaminación sonora" que las emisiones de ruido procedente de la música de la discoteca generaba en un piso y, sobre todo, en la habitación de un menor.

Ante la reiteración de quejas, en abril del 2007 el distrito acordó el cese de la actividad del local, "a la que se hizo caso omiso", incide el fiscal, por lo que a los dos meses se ordenó "la clausura y precinto de la actividad". Sin embargo, la clausura quedó sin efecto tras la instalación de un limitador de sonido en el equipo de música. Pero, agrega la acusación, en enero y febrero del 2008 se constató que se seguían vulnerando los límites .

El sometimiento "reiterado y continuado" a una serie de vecinos de unos índices de ruidos por encima de los permitido "ha generado un grave riesgo para la salud psíquica y física" de los afectados, que han sufrido insomnio, estrés, depresión y ansiedad, por lo que han "precisado tratamiento médico", detalla la fiscalía.

Gabriel A. F. aseguró a este diario que él siempre había cumplido con la normativa y que desde que se hizo cargo del local ha tenido un limitador de sonido. Insistió en que cuando los vecinos o el ayuntamiento le han requerido algo ha respondido. "Está totalmente insonorizado y las lesiones que dicen que se ha producido a los vecinos son mentira y lo voy a demostrar. Además, mi bar no es una discoteca. No baila nadie", explicó. "Nunca he vulnerado nada. Tengo buena fe", sentenció.

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