TRIBUNA LIBRE

Argumentos o falacias que alientan el botellón

PAULA PRADO DEL RÍO (CONCEJALA DEL GRUPO POPULAR)

Desde hace años se repite como una milonga aquello de que "hay que conciliar el derecho al ocio nocturno y el derecho al descanso". Niego la mayor. Gritar en la calle a las cuatro de la madrugada no es un derecho, como tampoco lo es orinar o arrasar un parque infantil. Esas conductas no han de conciliarse con nada.

Así pues, la referida milonga de la conciliación es la primera falacia a rebatir, una falacia propia del relativismo moral, de la idea progre de que todas las expresiones o expectativas sociales valen lo mismo, de que tanto derecho tiene un residente a la salud o a la salubridad como un "botellonero" a gritar o a orinar. Y no es así, no hay que conciliar lo bueno y lo malo, y menos a costa de inaplicar la ley y de menoscabar la convivencia.

No se trata de prohibir la movida: se trata de que quien salga por la noche se comporte sin saltarse las normas y sin perjudicar a terceros o a sí mismos. El discurso de la conciliación puede resultar engañoso y, por repetido, cansino.

La segunda falacia, vinculada a la anterior, deriva del mal entendido "talante" y del contraproducente "buenismo", y más que falacia argumentativa constituye un agravio para la mayoría de los ciudadanos. Dicen los portavoces de la progresía que no se debe sancionar a quienes practican el botellón porque "son nuestros hijos, sobrinos, amigos" (sólo les falta decir: "¡Son nuestros votantes!"). ¡Oigan!, entonces, conforme a tal razonamiento no se debería sancionar tampoco a quienes estacionan -siquiera brevemente- su vehículo en doble fila? ¡Son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros amigos!.

Sancionar o no sancionar en función de quien sea el autor de un acto ilícito es propio de otras épocas y de otras latitudes políticas: en un Estado de Derecho, a quien se salta las normas se le sanciona, sea sobrino del alcalde o hijo de la Pantoja. Y no creo necesario recordar que en un Estado de Derecho las sanciones -de vocación disuasoria- son necesarias. Si en un par de meses se impusieran 300 sanciones de 400 euros cada una el botellón quedaría reducido a una expresión menor.

La tercera falacia consiste en decir que para afrontar el problema nos hace falta una nueva ley. ¿Otra ley? ¿Una más? Y cuando se promulgue una nueva ley, entonces desde el gobierno municipal se nos dirá que para actuar necesitan también una resolución de Naciones Unidas. Seamos serios: disponemos de los suficientes títulos jurídicos para reducir progresivamente el botellón.

No estamos ante un problema de insuficiencia normativa; estamos ante un problema de pasividad y permisividad política. Claro que quizás sean los intereses electorales de la progresía gobernante los que expliquen tal permisividad, completada ahora con una ocurrencia demagógica: ¡dialogar con quienes arrasan los parques infantiles! En fin.

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