Las empresas deben cumplir la ley y el Ayuntamiento también

BELISARIO CAMBLOR RODRÍGUEZ

Es noticia estos días la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena al Ayuntamiento de Llanera por vulneración de los derechos fundamentales de las personas, en concreto de una vecina de Agüera, en San Cucao.

No estaría de más que empezáramos por pedir perdón a la afectada. El Ayuntamiento debe disculparse con nuestra vecina, y especialmente el Alcalde, que es el que podía y debía haber evitado el daño sufrido por ella.

La sentencia condena al Ayuntamiento por inactividad ante la contaminación y por tolerancia ante la persistencia de dicha contaminación acústica. Y lo condena de plano, sin excusas. No cabe, por tanto, que el Alcalde en su nota de prensa diga que «rechazamos que se califique nuestra la labor de tolerante e inactiva, ya que hemos seguido estrictamente los cauces establecidos y todos los trámites se han realizado a instancias del Ayuntamiento» (La Nueva España 24/11/2007).

Es el Tribunal Supremo de España el que ha dejado establecido en una sentencia que sí ha habido inactividad y que, por eso, se han vulnerado derechos fundamentales y sus sentencias no se rechazan, sino que se ejecutan.

Lo que ha pasado viene a poner un poco de razón en este embrollo. La posición del Grupo municipal Socialista en este asunto en todos estos años ha sido sencilla y clara: las empresas deben cumplir la ley. Dicho así, puede parecer fácil, pero hacerlo daría satisfacción a ambas partes.

La empresa lleva instalada muchos años en esa zona y tiene derecho a trabajar y a producir, pero cumpliendo la ley. No sirve que se conceda una licencia de actividad y al día siguiente no comprobar que se cumplan las condiciones que se impusieron para poder producir, porque ésa es una competencia municipal.

No compartimos las posiciones políticas que abogan por la denegación de las licencias si éstas se ajustan a la ley. Las licencias son de otorgamiento reglado, es decir, hay que conceder las que tienen derecho a ello y denegar las que no lo tienen.

El Ayuntamiento de Llanera ha volcado sus esfuerzos en el control a priori de la licencia, es decir, antes de su puesta en funcionamiento, pero ha sido incumplidor de sus obligaciones desde el día siguiente mismo de la puesta en marcha de la actividad. Y aquí ya no vale decir que no tenemos medios. Si no se tienen, que se compren, o que se alquilen, o que se busquen, pero los derechos fundamentales de las personas no pueden estar en un lado de la balanza: éstos son intocables.

Lo que hay que hacer es exigir el estricto cumplimiento de las condiciones impuestas a las empresas para trabajar. En este caso, el incumplimiento del Alcalde no lo denuncio yo, como portavoz de la oposición, sino que lo declara el Tribunal Supremo de España.

No se puede presumir hoy de que Llanera crece, de que el Ayuntamiento dispone de un presupuesto de 12 millones de euros, de que cada día más empresas se instalan en nuestro concejo, etcétera, y al día siguiente decir que no podemos comprar un sonómetro o encargar a una empresa especializada que mida el ruido de una fábrica cuando nadie se lo espere.

El alcalde, José Avelino Sánchez, acumula con ésta, que sepamos, tres condenas firmes por vulnerar los derechos fundamentales de los vecinos de Llanera. Quizá piense asumir alguna responsabilidad política cuando lleve unas 30 o 300 oÉ

Belisario Camblor Rodríguez es portavoz del Grupo municipal del PSOE de Llanera.

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