Los vecinos creen ficticia la medición en sus casas por ruidos de Hacienda

Afectados por la climatización dicen que la prueba se hizo en pisos poco perjudicados y con el sistema a bajo rendimiento

Susana Arizaga

A pesar de las mediciones de ayer continúa siendo un misterio si el sistema de climatización de la Delegación de Hacienda emite o no un nivel de ruidos que afecte a la convivencia normal en el interior de las viviendas de los edificios colindantes, es decir, superior a los 35 decibelios durante el día y a 30 durante la noche. Los propietarios de los cinco pisos en los que el Ayuntamiento de Zamora realizó las pruebas no fueron informados en el acto, lo que ha contribuido a incrementar su malestar.

Un «descontento» al que se sumó lo que consideran una medición irreal porque «no se ha hecho en el lugar donde el nivel es más alto, ni en el momento y situación en la que son más acusadas las molestias», expone el portavoz Manuel Gallardo. Y explica que cuando ayer entró en funcionamiento el sistema de calefacción de Hacienda lo hizo «muy suavemente porque las oficinas ya se habían calentado con las estufas eléctricas que utilizan» desde hace meses, tras permanecer paralizado el sistema por carecer de licencia. En consecuencia, «no hacía el ruido de siempre».

Además, la temperatura exterior ayer, de unos diez grados centígrados, tampoco era la adecuada declara Gallardo, convencido de que de haberse efectuado la prueba cuando se registraban siete grados bajo cero el ruido provocado por los ventiladores «habría sido muy diferente», muy superior al detectado ayer por los aparatos técnicos de medir.

Los vecinos se mostraban sorprendidos de «la exquisitez» con que los técnicos hicieron su trabajo: «nos mandaron retirar relojes, cerrar ventanas y no realizar ningún movimiento dentro del piso».

Las viviendas elegidas para llevar a cabo la comprobación se sitúan en la calle de Benavente, de San Torcuato y de Pelayo. Los vecinos se opusieron en su día a dejar el paso a sus casas porque esta prueba servirá para elaborar el informe sobre el que se base la concesión de la licencia de actividad de los mencionados ventiladores, cuya potencia les ha dejado muchas noches en blanco por el sonido generado.

Durante la ejecución de los trabajos hubo cierta tensión entre vecinos y técnicos enviados por el Ayuntamiento, que fueron grabados con cámara de vídeo. Pasados unos diez minutos sobre la hora prevista, las nueve de la mañana, dos técnicos municipales acudían al primero de los cinco pisos en los que tenían orden, con respaldo judicial, de medir el nivel de ruidos que provocan en el interior de las viviendas los ventiladores de la Delegación de Hacienda.

La indignación de los vecinos, por los cuatro años de lucha sin resultados contra una situación que consideran ilegal, provocó un pequeño incidente entre los técnicos y el propietario del primer piso visitado: éste exigió la acreditación de ambos. «Llamé a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que les hicieran un certificado» que les identificase como funcionarios municipales, explica Manuel Gallardo.

Hasta la Policía Municipal se trasladó al número uno de la calle de Benavente para tratar de desbloquear la situación, lo que consiguieron no sin que se les pidiera que ellos mismos certificaran la identidad de quienes iban a medir el nivel de decibelios de sus casas. Los trabajos se prolongaron hasta las dos y media de la tarde aproximadamente, lo que no contribuyó a enfriar los ánimos, ya que algunos de los dueños de los pisos habían pedido permiso en sus trabajos para estar presentes durante la medición, sin sospechar que se prolongaría tanto.

La actitud negativa de los vecinos se viene alimentado desde hace cinco años, cuando iniciaron las protestas públicas después de que el Ayuntamiento cerrara los ojos ante el problema de ruidos que provocaba Hacienda cuando ponía en marcha la calefacción o el aire acondicionado. Exigían la retirada del sistema de ventilación o la prohibición de su funcionamiento.

Los propietarios de estas viviendas han sido perseverantes en su denuncia, aunque la institución hacía oídos sordos, por la «ilegalidad» que supone, ya que carece de licencia de actividad y, hasta hace unos meses, de la medioambiental, destaca el portavoz, Manuel Gallardo. El edificio no tiene, si quiera, permiso de apertura, afirman.

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