Galicia, 15/11/07 El sindicato policial reclama menor tibieza en la respuesta al botellónEl SUP demanda que se actúe en otras direcciones además de trasladar el fenómeno al recinto ferial
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![]() RAMÓN LEIRO |
Aunque el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillerme Vázquez, trató el pasado lunes de restar trascendencia a la sucesión de agresiones de los últimos fines de semana, que han acarreado sendas hospitalizaciones de las víctimas, asegurando que son «feitos aillados que teñen moi mala solución», la experiencia de los agentes en la calle es bien distinta.
«No nos parece el mensaje adecuado. Se está produciendo un salto cualitativo en las agresiones nocturnas. Hay un quebranto en el respeto a la autoridad de los agentes en los últimos tiempos», analiza Marcos Castro, quien alerta de que relativizar el fenómeno no es la vía adecuada para atajarlo.
¿Pero qué hacer entonces ante las concentraciones nocturnas donde el alcohol corre a raudales y la agresividad se dispara? La receta del sindicato policial es clara. «Hay que acabar con las consecuencias negativas. Un traslado nos parece adecuado», dice el responsable del SUP.
Pero quienes, como Marcos Castro, ven cada fin de semana como los altercados acaban en no pocas ocasiones en Comisaría alertan de que el traslado al recinto ferial del botellón solo contribuirá a alejar el ruido del centro. «Si permitimos que los menores sigan bebiendo en la calle, que haya vandalismo... no habremos abordado el problema. Es un asunto que hay que atacar desde múltiples direcciones», explica Castro.
Otros ayuntamientos gallegos ya han comenzado a dar pasos en esa dirección. A Coruña ultima una ordenanza municipal que castigará con multas de hasta tres mil euros las conductas ligadas al consumo de alcohol en la calle que perturben la convivencia ciudadana. Las sanciones serán idénticas por desobediencia a los agentes.
Entretanto, Pontevedra trabaja en crear un grupo de estudio con técnicos que analizan el fenómeno del botellón y mantiene paralizada la mesa de trabajo en la que políticos, asociaciones vecinales, agentes sociales implicados, padres y jóvenes debería analizar el problema.
Sin entrar en el debate social que promueve el Ayuntamiento, los agentes tienen una cosa clara: el derecho a la diversión no puede prevalecer sobre la seguridad y la convivencia.
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