Tras seis años de instrucción, llega al Juzgado de lo Penal el caso de un pub denunciado por ruidos

El tribunal dictó a mediados de octubre la providencia de remisión de los autos, pendientes ahora de señalamiento de la vista oral

J. A. G.

Después de seis años de instrucción la denuncia de una familia contra un pub por exceso de emisión de ruidos será visto en el Juzgado de lo Penal. El Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente dictó el pasado 16 de octubre la providencia de remisión del auto de procedimiento abreviado, que se encuentra a expensas del señalamiento de la vista oral.

En enero de 2006, la Audiencia Provincial de Zamora desestimó el recurso de apelación planteado de uno de los imputados y con posterioridad y la acusación particular y el fiscal emitieron calificación sobre los hechos que se enjuician.

En este procedimiento comparecen como imputados dos de los tres responsables del pub, situado en su día en la calle de los Carros entre los años 1995 y 2002. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular decidieron retirar la imputación al tercer regente del establecimiento, por el corto espacio de tiempo que mantuvo la actividad.

Para los dos imputados la acusación particular reclama la imposición una pena de tres años de prisión de tres años de prisión, multa de dieciséis meses a razón de una cuota diaria de doce euros y la inhabilitación especial de dos años para la profesión u oficio que desempeñaban, además de las costas judiciales.

En el ámbito de la responsabilidad civil, los denunciantes reclaman a los imputados la imposición de una indemnización conjunta y solidaria de 36.000 euros por los daños personales y psicológicos causados, y que se condene al Ayuntamiento de Benavente como responsable civil subsidiario.

Responsabilidad municipal

Igualmente, la acusación particular solicita que en garantía del pago de las responsabilidades pecuniarias se exija a los acusados una fianza de 36.000 euros, abriendo piezas de responsabilidad civil.

El Ministerio Fiscal por su parte solicita una pena de dos años y tres meses de prisión para los dos imputados. Pide también para los acusados la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena (en ese tiempo no podrán ser elegidos en procesos electorales) y la inhabilitación especial para la profesión u oficio que desempeñaban por un periodo de dos años. Igualmente reclama una multa de 18 meses con una cuota diaria de seis euros, esto es unos 3.240 euros, y el cierre del establecimiento (ya desaparecido) por un periodo de tres años.

El fiscal tiene también en cuenta la responsabilidad civil de los acusados y pide una indemnización conjunta y solidaria de 9.000 euros a la familia afectada. Las calificaciones figuran en autos desde hace un año. El nombramiento de las defensas de los imputados ha consumido todo este tiempo.

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