Un problema de salud pública

REDACCIÓN

Vecinos de Santa María durante una protesta en la década de los 90 / Junior

Las asociaciones de vecinos de estos barrios han propuesto una solución ya adoptada en otras ciudades y que ahora estudia el gobierno local: trasladar la "movida" a zonas no residenciales, como cualquier actividad económica molesta.

Pero esta solución ha evidenciado ya, en ciudades donde lleva años implantada, sus aspectos negativos. La creación de zonas especiales para esta actividad, en algunos lugares conocidas como "botellódromos" ha encontrado detractores en quienes los ven como un gueto inseguro.

Grandes urbes como Madrid o Barcelona han comprobado las consecuencias. Son numerosas las noticias que dan cuenta de sucesos surgidos entorno a una "movida" concentrada en el puerto olímpico de la ciudad condal.

Sin embargo, en municipios más cercanos como Vilagarcía, la medida ha funcionado. Allí, los locales de copas concentrados en unas galerías comerciales, que en los años ochenta suponían el tormento de quienes vivían encima, se han trasladado a la zona portuaria, donde cafeterías, pubs y restaurantes se llenan por la noche de un público distinto al que por el día ha abarrotado el mismo recinto, pero para acudir al club náutico, el cine, el auditorio, o los parques infantiles.

Es la misma idea que en Pontevedra propuso en su día la Asociación de Hosteleros, con la vista puesta en el muelle de As Corbaceiras. En este caso la iniciativa se ha topado con la misma oposición vecinal, ya que este pequeño puerto está demasiado cerca de las viviendas.

En las grandes ciudades europeas, como Berlín o Londres, los viejos polígonos industriales y zonas portuarias decadentes, con grandes fábricas y naves industriales abandonadas, se han reutilizado para crear discotecas, cervecerías, o restaurantes.

Pontevedra está elaborando un nuevo plan de ordenación municipal. Los afectados por la "movida" quieren ver en él un lugar destinado a la diversión nocturna de los jóvenes, que en sí también es un derecho.

Demandan además el cumplimiento estricto de la ley. La condena a cuatro años de prisión al propietario de una cafetería de Barcelona, por los ruidos que producía el local y los perjuicios causados a sus vecinos; o la sanción al ayuntamiento de Valencia, castigado por el Tribunal de Estrasburgo a indemnizar con más de 8.300 euros a una ciudadana, por no garantizar su derecho a la intimidad y a la vida familiar, son penas ejemplarizantes que los afectados por la "movida" quieren que se apliquen en la ciudad.

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