QUERELLA POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

El juez interroga a cargos de BCN por tolerar ruidos

El ayuntamiento defiende que en el cierre de El Cangrejo actuó correctamente. El dueño de la sala de fiestas declara que un denunciante actuó por mera venganza

J. G. ALBALAT

La histórica sala de fiestas El Cangrejo, en la calle de Montserrat, fue precintada por orden municipal el 14 de julio del 2006 por los ruidos que provocaba. Uno año después, tras ser insonorizada, volvió a abrir sus puertas. Un juez de Barcelona está tramitando una querella de la fiscalía contra el propietario y dos cargos del distrito de Ciutat Vella.

Los tres declararon ayer como imputados. Los responsables municipales insistieron en que el Ayuntamiento de Barcelona actuó correctamente, mientras que el dueño sostuvo que el vecino que lo denunció lo hizo movido por la venganza.

La fiscalía presentó en septiembre del año pasado una querella por presunta contaminación acústica, concretamente por un delito contra el medio ambiente, contra Eugenio Julián Bergés, propietario de El Cangrejo; Jordi Parayre, entonces regidor del distrito de Ciutat Vella y actualmente teniente de alcalde de Cornellà, y Joan Carles Talens, jefe del departamento de licencias e inspección.

La acusación sostiene que los dos representantes municipales "permitieron" la actividad ilegal del local y que solo procedieron a su cierre al tener constancia de la existencia de una denuncia y la apertura de una investigación. Por ello, les imputa no haber procedido de forma diligente al cierre de la sala de fiestas, a pesar de haber acordado, con anterioridad, el ceso de su actividad.

NOCHES EN VELA

La querella relata que el dueño del local, que lo adquirió en el 2002, instaló un potente equipo de música. El ruido generado tres noches a la semana perturbó "la vida familiar y la salud física y psíquica" de los vecinos que residían encima de la sala. Los afectados presentaron en el 2005 una denuncia en el distrito de Ciutat Vella. Los inspectores comprobaron los ruidos y los técnicos propusieron la clausura, pero esta no se produjo hasta meses después.

Los cargos municipales, defendidos por el despacho de Francesc Jufresa, afirmaron ayer al juez que la inspección del local generó dos expedientes: uno de cese de la actividad y otro de acondicionamiento. Fuentes del distrito de Ciutat Vella agregaron que al no cumplir las medidas impuestas, se dictó en junio del 2006 una orden de precinto, que no pudo ser ejecutada, y otra posterior que se practicó al mes siguiente. El precinto se levantó el pasado mes de julio, tras ajustarse el local a la normativa.

El propietario de El Cangrejo, asistido por Fernando Martínez, declaró que el vecino que lo denunció actuó por venganza, ya que era un extrabajador del local que fue despedido en el 2004 y examante de un socio suyo. Según su versión, este afectado le ha pedido 72.000 euros a cambio de retirar la denuncia, a la que después se adhirió otro inquilino.

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