Defensor. El Informe denuncia la pasividad de los Ayuntamiento ante la contaminación acústica

El Defensor del Pueblo registró continuas quejas por contaminación acústica en proximidades de Madrid-Barajas

SERVIMEDIA

El informe del Defensor del Pueblo, que hoy presentó el titular de esta institución, Enrique Múgica, denuncia la pasividad y falta de conciencia de los ayuntamientos con respecto a las quejas que los ciudadanos presentan en materia de contaminación acústica.

La dificultad de enfrentarse a la falta de civismo de algunas personas y la descoordinación entre departamentos municipales son otras de las críticas que esta institución hace a la gestión de los consistorios, en cuanto a las citadas quejas por ruido.

En cuanto al ruido aeroportuario, "la Administración de Infraestructuras opta por contaminar primero y reparar después".

El ruido aparece en cuanto una instalación se pone en servicio, mientras que su corrección y reparación tardan mucho tiempo. Las quejas "siguen llegando continuamente a esta institución, principalmente por la actividad aeroportuaria en Madrid- Barajas".

FIESTAS PATRONALES Y ESPACIOS NATURALES

El informe de Múgica también da fe de las "graves molestias y alteraciones del discurrir de la vida vecinal que ocasiona la celebración de las fiestas patronales", y denuncia que la Administración suele dar dichas molestias por buenas, al entenderlas como un mal imposible de evitar.

En este sentido, el Defensor del Pueblo "no puede aceptar que se tenga como regla general el comportamiento no cívico durante las fiestas patronales" ni "que hayamos de resignarnos a que, durante unos días al año, la vida en los aledaños de las fiestas sea una tortura, como expresivamente dicen algunas quejas".

Por otro lado, la línea de investigación iniciada en 2005 por esta institución, sobre la gestión del turismo suscitado por los espacios naturales protegidos, ha vuelto a centrar el trabajo en esta materia durante 2006.

Las investigaciones siguen reflejando que "no es raro que las administraciones competentes aprueben la ejecución de obras públicas y autoricen (e incluso fomenten) usos y acciones dentro del espacio o en sus zonas adyacentes poco adecuados a la conservación de los valores naturales que un día justificaron la declaración como tales".

"Lo peor es que, a menudo, lo hacen invocando razones pretendidamente conservacionistas, que en realidad ocultan la búsqueda de oportunidades de desarrollo económico para la zona, que sirvan para rentabilizar al máximo la existencia de un espacio protegido", añade.

La mayor parte de las quejas acerca de la costa natural que llegan al Defensor del Pueblo puede dividirse en dos tipos generales: particulares que protestan, generalmente contra el Ministerio de Medio Ambiente, por deslindes que consideran irregulares y grupos ecologistas que pretenden actuaciones más ambiciosas en la recuperación de costas degradadas, o en impedir ocupaciones nuevas (urbanización y edificación del litoral).

Por último, el Defensor del Pueblo "viene señalando en los últimos años la existencia de un número importante de edificaciones y en general ocupaciones ilegales en el dominio público marítimo-terrestre, muchas veces ya con orden de demolición que, sin embargo, no es ejecutada, es decir que no se acomete la demolición física".

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