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Vinaròs, 13/05/07
DENUNCIA

Vecinos de Vinaròs acuden a los tribunales para cerrar una gravera

Los afectados aseguran que se está haciendo una práctica «ilegal»

Juan José Benito

Vinaròs. Lugar donde se ubica la gravera
La imagen. Lugar en donde se ubica la gravera
Un grupo de propietarios de viviendas de la zona de La Closa, situada en la falda de la ermita de la Misericordia, así como propietarios de fincas de naranjos ubicadas en las partidas La Closa, dos Vilas y Ribes de Vinaròs han anunciado que continuarán con acciones judiciales para pedir el cierre de una gravera que consideran ilegal.

Desde hace más de cuatro años, diversos propietarios perjudicados, entre ellos la Asociación de Vecinos de La Closa, han venido presentado denuncias ante el ayuntamiento de Vinaròs por «la existencia de una gravera ilegal que, además de invadir el cauce del río Cervol y ocupar parte de suelo no urbanizable protegido, genera una gran cantidad de ruido y de polvo que perturba el descanso de los vecinos y daña gravemente los cultivos del entorno» , según explicaba uno de los vecinos, Francisco Llatser, en nombre del grupo de propietarios.

Este colectivo vecinal «ante la pasividad municipal, que hizo caso omiso a todas las denuncias presentadas, interpuso el pasado año una demanda ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castelló, lo que provocó que el ayuntamiento, el pasado verano, dictase tres decretos de cierre inmediato de las tres actividades desarrolladas: acopio, triturado y balsas de decantado» .

Según Llatser, esas órdenes han servido de bien poco, «ya que la empresa que la explota ha hecho caso omiso de las mismas y la gravera sigue en funcionamiento y, además, por si fuera poco, el ayuntamiento no hace nada por ejecutar dichas órdenes» .

Frente a esta situación, los propietarios afectados seguirán actuando «con toda la contundencia necesaria hasta ver que se cierra esa actividad ilegal, se sanciona a los responsables de la misma y se indemnizan todos los daños causados de los que se considera corresponsable al consistorio por haber permitido el funcionamiento de una actividad ilegal pese a las reiteradas denuncias presentadas».

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