El Ayuntamiento abona 24.000 euros a una familia por daños morales

T. ALMENDROS

Una familia de la avenida Micaela Aramburu acaba de ser indemnizada con 24.000 euros por parte del Ayuntamiento, a causa de los daños psíquicos y morales sufridos durante años por lo que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz ha considerado el mal funcionamiento de la administración local a la hora de velar por el descanso de estas personas.

Los hechos se remontan al año 2000, cuando la citada familia, compuesta por un matrimonio y dos hijas, entonces de corta edad, inician lo que se convertiría a la postre en un rosario de denuncias contra el establecimiento El Rey de Copas a causa del excesivo ruido que padecían en el interior de su vivienda.

La lucha de esta familia se saldó con dos órdenes de cierre del local, la primera en marzo de 2001 (un año después de la primera denuncia, cierre que fue levantado mediante decreto tan sólo unos días después) y otra el 6 de febrero de 2002, orden de cierre que fue levantada el día 11 del mismo mes, decretos de levantamiento de la clausura contra los que el matrimonio interpuso un recurso de reposición en el que el Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz les dio la razón, por considerar que se había permitido abrir de nuevo el establecimiento sin comprobar que se habían ejecutado las medidas correctoras estipuladas.

En esa sentencia, de abril de 2003, el titular de dicho juzgado consideraba, entre otras cosas, que la administración local había sido "pasiva e ineficaz respecto a las legítimas peticiones de los recurrentes", acusando al Ayuntamiento además de "favorecer, cuando menos indirectamente, los intereses del establecimiento demandado".

A lo largo de la sentencia se desgrana un prolijo relato de todas y cada una de las denuncias de la familia y de las respuestas de la administración, cuya actuación se tacha, entre otras cosas, de "parcial, insuficiente, inconsistente e incongruente".

Como conclusión, y tras exponer que todas las mediciones realizadas en el domicilio excedieron con mucho los límites permitidos en los niveles de ruido, la sentencia anuló los decretos municipales de levantamiento de las órdenes de cierre antes citados, obligando a la clausura del local "hasta que, una vez llevadas a cabo las medidas correctoras y cumplir con el aislamiento necesario, se proceda a otra medición acústica para comprobar el cumplimiento de los límites admisibles de inmisión". El Juzgado obligó al Ayuntamiento a pagar las costas del proceso.

A raíz de esta sentencia, el matrimonio presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento, que fue rechazada, y recurrió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, de manera que este, el pasado 25 de octubre, dictó sentencia mediante la cual ordenaba pagar a la familia una indemnización de 24.000 euros por daños psíquicos y morales por los daños sufridos a causa de la pasividad municipal.

La juez estimó que "la Administración local, con su pasividad y con una actuación no ajustada a derecho, se convirtió en corresponsable de la vulneración de la Ley", añadiendo que "nos hallamos ante un funcionamiento anormal y antijurídico del servicio público (...) que ha incidido en el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los recurrentes y personas que convivan familiarmente y su calidad psico-síquica y social, violentación que ha de originar algún tipo de reparación del daño causado".

La sentencia relata los daños sufridos por la familia, que tuvo consecuencias de tipo personal (ansiedad y depresión), familiar (disfunción matrimonial) y laboral (disminución del rendimiento), todo ello a causa del exceso de ruido soportado.

Por ello, la sentencia estimó conceder 15.000 euros por el trastorno psíquico sufrido por la esposa (ansiedad y depresión) y otros 9.000 euros por los daños causados al resto de los componentes de la familia, entre ellos dos niñas pequeñas, lo que suma un total de 24.000 euros que, junto a los correspondientes intereses, ya han sido abonados a la familia en cuestión por parte del Ayuntamiento.

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