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Zamora, 26/03/07

Un matrimonio demanda al Ayuntamiento ante el Contencioso para que cierre dos bares por ruido

La pareja, que sufre molestias desde hace ocho años por pubs de la plaza del Fresco, alega que se conculcan sus derechos sin que el Consistorio tome medidas
SUSANA ARIZAGA

Integrantes Asociación Afectados por Ruidos en los Juzgados
Integrantes de la Asociación de Afectados por Ruidos antes de una comparecencia en los juzgados de la capital
Un matrimonio residente en las inmediaciones de la plaza del Fresco acaba de recurrir al Juzgado Contencioso contra el Ayuntamiento de Zamora para que se obligue a la institución a clausurar y anular la licencia de actividad de dos pubs situados en esa zona, con el fin de que se «protejan los derechos fundamentales de la persona», recogidos en la Constitución española y conculcados por «la inactividad» de la institución ante el problema de exceso de ruido.

Por ese proceder, se solicita que la institución local pague una indemnización de 20.000 euros y el pago de 120.000 euros anuales a los demandantes «hasta que no se solucione el problema y mientras exista la perturbación ruidosa que afecta» a la familia desde hace ocho años, compuesta también por dos menores de edad.

El matrimonio -formado por el abogado de la Asociación de Familias Afectadas por Ruidos (Afaruza) y su esposa- tomó la decisión de actuar contra el Consistorio porque ha hecho «caso omiso» de la reclamación presentada hace casi dos meses, afirma en el recurso, en el que alega que el proceder municipal ha conculcado sus derechos a la vida, integridad física y moral; el derecho a la intimidad personal y familiar; y a la inviolabilidad del domicilio; así como el derecho a la propiedad, el trabajo, la salud y el medioambiente, dado el exceso de ruido que han sufrido en su domicilio durante los últimos ocho años.

En el escrito remitido al Juzgado se pide a la magistrada que ordene al Ayuntamiento «que cumpla y haga cumplir la normativa legal sobre control de ruidos, que ejerza las medidas necesarias para conseguir que las perturbaciones por ruidos y vibraciones no excedan los límites establecidos» por la Ley de Castilla y León. Asimismo, que inste al Consistorio a adoptar acuerdos «inmediatos y a ejecutarlos» para evitar esas molestias por lo que califican como «ruidos intolerables y contaminación acústica que afectan a los derechos fundamentales» mencionados.

Los demandantes solicitan al Juzgado que exija al Ayuntamiento «controlar la insonorización de los locales y el establecimiento de equipos-limitadores» del sonido, de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente.

Añaden que se requiera a la institución local para que aporte todos los expedientes abiertos a los dos pubs por exceder el ruido, así como las actas de mediciones que existan sobre el nivel de decibelios. En el escrito del recurso se aporta una amplia jurisprudencia que respaldan los argumentos legales expuestos para exigir la condena del Ayuntamiento y justificar los daños causados a terceros.

Otra vía judicial al archivarse la querella contra el alcalde y ediles por prevaricación

La nueva acción judicial contra el Ayuntamiento de Zamora se produce después de que el Juzgado número 3 archivara la querella contra el alcalde de la ciudad, Antonio Vázquez, y los ediles de Medio Ambiente y Policía Municipal por prevaricación, dejación de funciones y delito contra el medioambiente en materia de ruidos, interpuesta por la Asociación de Familias Afectadas por Ruidos. Una querella que prosigue su curso, sin embargo, contra los propietarios de varios establecimientos hosteleros imputados en el procedimiento judicial.

El Ayuntamiento ha llegado a acumular hasta tres querellas por el mismo problema y una denuncia más por el exceso de volumen de los espectáculos que se organizan en la Plaza Mayor, promovida por un matrimonio de ancianos que han soportado el exceso de decibelios hasta altas horas de la madrugada, exponían en su denuncia.

Además, los juzgados de la capital han tramitado varias demandas civiles para exigir el cierre de locales de hostelería, una vía que resulta mucho más costosa que la penal (la querella) por la complejidad del procedimiento, que requiere, por ejemplo, aportar informes periciales para evaluar los daños.

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