La sociedad civil despierta contra el ruido

LORENZO MARTÍN-RETORTILLO BAQUER

LA SOCIEDAD española ha estado muy preocupada por la excesiva tolerancia de las autoridades en relación con el ruido. Ha habido que echar mano de remedios de excepción, pero, por fortuna, las cosas han comenzado a cambiar. Así, cuando tanto se acostumbra a menospreciar a la Justicia, es de ley recordar que en muy buena medida el que haya aumentado la conciencia social sobre el ruido se debe a un amplio puñado de decisiones judiciales que van estrechando el cerco cada vez más.

El Constitucional dijo cosas muy importantes sobre el ruido en su sentencia 119/2001. El mismo asunto dio lugar a que el Reino de España fuera condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia muy sonada, referente a la zona de copas de Valencia, que, con doctrina muy clara, y apoyándose en su anterior jurisprudencia, de un plumazo daba un solemne varapalo al Ayuntamiento de Valencia, al Reino de España, pero, igualmente, a cualquiera de los municipios complacientes (con el ruido) o displicentes (con los vecinos).

Y los jueces españoles están siendo sensibles a esta jurisprudencia europea que los vincula, de modo que cada resolución importante apoya y provoca nuevas decisiones. Sin olvidar que lo que proclaman los jueces, lo saben enseguida los abogados.

De ahí que se vayan prodigando sentencias muy aparatosas, de unos y otros juzgados y tribunales, ya sean penales, como en Palencia, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Jaén, o la referente al alcalde de Vilarreal (Castellón), por ejemplo, ya sean civiles, del propio Tribunal Supremo, o, entre otras, una bien destacada del Juzgado número 4 de Parla (Madrid) y, por supuesto, de la jurisdicción contencioso-administrativa, con fallos ejemplares, ya afecten al Ayuntamiento de Boiro, al de Ribamontán al Mar (junto a Santander) o al de Zaragoza, entre otros muchos.

El detalle que tanto ha trascendido de si hay que suspender los Carnavales de Tenerife es una pura anécdota, por más que bien indicativa de la nueva situación. Todos convenimos, incluso la Ley del Ruido, la 37 del 2003, en su artículo noveno, en que hay excepciones para las fiestas o para según qué acontecimientos, de modo que no hay peligro para la continuidad de la gran traca en Valencia, para los tambores de Calanda o de San Sebastián.

Lo que importa es el día a día, el normal sosiego cotidiano, el respeto cívico del que deriva el gusto de vivir en la ciudad; en suma, la calidad de vida, que es una de las aspiraciones que avala la Constitución. A este respecto, sí que están hoy todos sobradamente avisados y no va a tocar más remedio que hacer las cosas bien.

Bien sé que falta mucho por hacer, que se precisa apostar muy fuerte por la educación y que, por desgracia, serán necesarias todavía numerosas condenas judiciales contundentes.

Pero es como si se estuviera produciendo un cambio de paradigma: el que hoy el ruido se oiga es testimonio de un esperanzador despertar de la sociedad civil que clama por sus legítimos derechos, con la exigencia de que los políticos aborden efectivamente de manera decidida los problemas reales y no ese embeleco, que a tantos de ellos anima, de estar tejiendo y destejiendo reformas temerarias a ver cómo logran más poder, olvidándose de lo que sucede fuera, en la calle.

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