La Fiscalía investiga la denuncia por ruido y polvo contra una fábrica de La Palma

Directivos de una planta de cemento declaran ante el fiscal por las quejas vecinales
El Ayuntamiento puede multarla con 60.000 euros o cerrarla por falta de licencia

J. A. GONZÁLEZ

PROTESTA. Un grupo de vecinos de La Palma protesta ante la fábrica, en diciembre de 2005. / P. SÁNCHEZ

Fuentes de la empresa confirmaron a este diario que responsables de la compañía ya han prestado declaración ante el fiscal de Cartagena encargado del caso. Éstos rechazaron las acusaciones de los residentes de varios caseríos de la diputación cartagenera, que afirman que la fábrica llena el aire de polvo, excede los límites de emisión de ruido permitido y carece de todos los permisos para estar abierta.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación de la Fiscalía sobre posibles irregularidades en el funcionamiento de la fábrica, de momento, sigue su curso. De hecho, fuentes municipales indicaron que el fiscal ha solicitado al Ayuntamiento información sobre la actividad y la situación legal de la empresa.

Investigación

Por ello, la Concejalía de Medio Ambiente ha encargado a la Policía Local que realice una inspección y determine las condiciones legales en las que funciona esta compañía en la actualidad.

Fuentes municipales indicaron que Monocapas tiene «una trayectoria de bastantes años de expedientes abiertos por disciplina ambiental», y que las quejas de los habitantes de La Palma cercanos a la fábrica han sido continuas desde que está abierta.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Nicolás Ángel Bernal, indicó que, si al final se detectan irregularidades administrativas y el área municipal de disciplina ambiental le impone a la empresa una sanción por falta grave, se planteará medidas más duras.

«Si hay que cerrar la fábrica, se cerrará, porque contra la legalidad no se puede ir. Pero hay que pensar en los sesenta trabajadores directos que tiene la empresa y en las decenas de empleos indirectos. Hay que tener mucha cautela y buscar las mejores fórmulas para los vecinos y para la empresa», señala Bernal.

«Nos sentimos indefensos ante esta situación. Llevamos trece años poniendo denuncias en el Ayuntamiento, los mismos que nos lleva contaminando esta empresa cada día con la laca que le echan a sus monocapas, pero no nos han hecho ningún caso», denunció a este diario en diciembre de 2005 Andrea Angosto, portavoz de las treinta familias de Los Conesas y Los Chorlitos que se quejan de la fábrica y piden su traslado al polígono industrial de La Palma o al Cabezo Beaza».

Los afectados afirman que la empresa (Monocapas del Mediterráneo S.L.) carece de licencia de actividad industrial «porque está levantada en un suelo calificado como rústico, no urbanizable y no industrial», y que no cumple con las ordenanzas municipales.

Controles «rigurosos»

Según la documentación a la que ha tenido acceso La Verdad, Monocapas tiene todos los permisos, pero el suelo que está instalada la fábrica no cuenta con la calificación de industrial en el Plan General urbano.

Fuentes empresariale indicaron que la empresa exporta material para el sector de la construcción da mercados como Corea o Puerto Rico y países de Oriente Medio; que produce y comercializa más de 77.000 toneladas de revestimiento monocapa al año; que realizan «rigurosos» controles de las emisiones de polvo cada tres meses; y que los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente midieron un nivel de emisiones de 194 miligramos por metro cuadrado al día, cuando el máximo legal es de 300.

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