Sólo el propietario de un bar de los 18 denunciados será juzgado por un delito contra el Medio

El juez archiva la querella por ruidos contra ediles y técnicos municipales y deja abierta la vía contenciosa

El magistrado reconoce que pudo haber falta de diligencia o dejadez pero desecha la prevaricación porque no hubo intencionalidad de causar daños a los afectados

SUSANA ARIZAGA

El juez archiva la querella por prevaricación, por el ruido de bares, contra los concejales de Medio Ambiente, el de Policía Municipal y Urbanismo y los técnicos del Ayuntamiento de Zamora, pero deja abierta la vía del Contencioso Administrativo para que se reparen los daños causados «si existió un deficiente funcionamiento de los órganos administrativos».

El archivo de la querella, interpuesta por la Asociación de Familias Afectadas por Ruidos (Afaruza) se fundamenta en que no existe «una intención específica» de perjudicar a los ciudadanos que presentaron sus denuncias por parte de los políticos y los técnicos municipales ni un retraso «a sabiendas» del perjuicio que se iba a ocasionar. En base a ello tampoco se puede admitir que en la actuación de los responsables y funcionarios de la institución local hubiera «dolo», condiciones todas imprescindibles para que se pueda aplicar el delito de prevaricación solicitado.

No obstante, el juez instructor incluye un párrafo en el que pone en cuestión la agilidad en el proceder municipal cuando añade «sin perjuicio de la mayor o menor dejadez o diligencia por parte de los responsables y trabajadores en la tramitación y resolución de las denuncias de los afectados por contaminación acústica?».

El magistrado ha decidido procesar por un delito contra el medio ambiente sólo a uno de los 18 propietarios de bares (el del bar Drakko) y discotecas denunciados por Afaruza, al considerar acreditado que entre noviembre de 2003 y junio de 2004 las actas de medición de decibelios realizada por la Policía Municipal «superan con creces el máximo permitido por la Normativa Autonómica para horarios nocturnos en zonas residenciales, resultando afectado el domicilio» de uno de los particulares que se querelló.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres argumenta en su auto de archivo que de la investigaciones realizadas «no se desprenden indicios racionales de criminalidad suficientes contra el resto de los imputados, sin que se haya acreditado, tampoco, suficientemente la perpetración de los delitos de la querella, ni en cuanto a dichos imputados, ni respecto de algún otro cargo público o funcionario del Ayuntamiento de Zamora».

En conclusión, el magistrado ha dictado un auto por el que pasa las diligencias a procedimiento abreviado para que se juzgue al propietario del bar Drakko en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial, según las penas que soliciten las partes.

La Asociación contra los Ruidos celebrará hoy, a las 20.00 horas, una asamblea para decidir si interpondrán un recurso contra el auto y exigir que se impute de nuevo a los concejales de Medio Ambiente, Feliciano Fernández; y Policía Municipal y Urbanismo, Jesús Rodríguez; al alcalde; y a los dos técnicos encargados de tramitar las mediciones y las sanciones a los bares que incumplían la normativa sobre ruidos.

El abogado de la Asociación, Antonio del Castillo, aportará la sentencia de la localidad de Villarreal (Castellón), cuyo alcalde fue inhabilitado para el ejercicio de cargo político por el Tribunal Supremo cuando sólo acumulaba un caso de denuncia por ruidos. Si el juez rechazara el recurso, el letrado de la Asociación, Antonio del Castillo, no descarta que se acuda a la Audiencia Provincial de Zamora.

Vázquez: «seguiré defendiendo el derecho al descanso»

El alcalde de Zamora, Antonio Vázquez, no ocultaba ayer su satisfacción por el archivo de la querella contra concejales y técnicos del Ayuntamiento mientras manifestaba su «insatisfacción por la posible mala gestión de los ruidos, en la que nunca ha habido intencionalidad» por parte de la institución local, condición necesaria para que se les pueda acusar de prevaricación y dejación de funciones, como pretenden los querellados.

Al ser preguntado por su exclusión de la causa judicial como máximo responsable del Consistorio se limitó a responder que «nunca he sido testigo, ni se me ha imputado» y añadió que «siempre he asumido mi responsabilidad y mi trabajo es que los vecinos puedan descansar y vivir en sus casas de forma tranquila». Al tiempo reiteraba que en el proceder de la institución local «nunca ha habido intención de perjudicar a nadie».

Para el regidor municipal el procedimiento judicial iniciado por la vía penal, con la querella, sólo ha contribuido a «generar tensión y no es justo; hay otras vías» para realizar las oportunas reclamaciones, indicó Vázquez en referencia a la contenciosa-administrativa que en algunos casos se ha emprendido pero de forma individualizada. El alcalde insistió en que «entender que se estaba actuando con intención y a sabiendas» de que se perjudicaba a los ciudadanos «es una barbaridad». «Seguiremos defendiendo el derecho al descanso de los ciudadanos», manifestó el regidor municipal, consciente de su obligación, dijo.

Del Castillo: «Es incongruente, tres jueces vieron indicios de delito»

La Asociación de Familias Afectadas por Ruidos (Afaruza) calificó como «incongruente» el auto de archivo ante las pruebas presentadas, que a su entender demuestran la intencionalidad y el actuar a sabiendas del perjuicio que se estaba produciendo a los ciudadanos por los ruidos de bares, apunta su abogado, Antonio del Castillo.

Para ello se remitió a los 270 requerimientos del Procurador del Común al Ayuntamiento de Zamora en los que le instaba a clausurar bares que provocaban ruidos y a tomar medidas ante las sucesivas quejas de los afectados sin obtener respuesta. Menciona otro requerimiento de la Junta que tampoco tuvo respuesta. Para Del Castillo «hay un antes y un después de la querella porque ha habido más diligencia por parte del Ayuntamiento: se han cerrado bares, se concienciaron más y cambiaron a los funcionarios que tramitaban las denuncias de ciudadanos a bares».

Por otro lado, se sorprende de que tres jueces diferentes vean indicios de delito durante la investigación e incluso que se planteen la imputabilidad del alcalde, Antonio Vázquez, tanto el fiscal jefe como el juez que ahora dicta un auto archivando la causa contra los ediles y en el que ni se menciona al regidor municipal. «No entiendo la satisfacción del Ayuntamiento porque pierden los vecinos», indica, «y los dueños de los bares contra los que se nos dice que actuemos».

Rodríguez: «nos hemos esforzado en conciliar los intereses de todos»

Jesús Rodríguez, el concejal de Policía Municipal y de Urbanismo, departamentos que recibían y tramitaban las denuncias, insistía ayer en que «siempre hemos hecho un esfuerzo en conciliar los derechos de los ciudadanos y los bares y seguiremos en ello». El edil del PP, también abogado, destacó la «instrucción detallada, escrupulosa y rigurosa del juez» y defendió que nunca hubo intencionalidad en la actuación municipal.

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