INVESTIGACIÓN POR EL RUIDO DE LOS AVIONES EN EL PRAT

El presidente de AENA deberá ir al juzgado

La falta de medios anula una declaración por videoconferencia

J. G. ALBALAT

La jueza de El Prat de Llobregat que instruye las diligencias abiertas por el ruido que provocan los aviones que sobrevuelan Gavà y Castelldefels ha rectificado la decisión de su antecesora de que el presidente de Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea (AENA), Manuel Azuaga, y dos directores generales de los ministerio de Fomento y Medio Ambiente, Manuel Bautista y Jaime Alexandre, declararan como imputados desde Madrid mediante una videoconferencia el próximo 20 de febrero. Por tanto, los tres altos cargos deberán acudir en persona al juzgado de la localidad del Baix Llobregat, en una fecha aún no precisada.

El motivo esgrimido por la magistrada es que el juzgado de Madrid adonde se remitió el exhorto para realizar la videoconferencia con los tres imputados no tiene el sistema técnico necesario para poder hacerlo. Sin embargo, la jueza no concreta la fecha de la declaración que se deberá celebrar en El Prat porque están pendientes de resolución diversos recursos de las partes personadas en el proceso judicial. Fue el abogado del Estado quien solicitó al jugado que la declaración se hiciera mediante videoconferencia desde Madrid por la dificultad en la conciliación de las obligaciones de servicio al interés general de los directores generales imputados y el presidente de AENA con su traslado a El Prat para declarar.

El abogado del Estado agregaba en su escrito remitido al juzgado que otro de los inconvenientes del desplazamiento de los altos cargos desde Madrid y su comparecencia en el juzgado de El Prat era "la distorsión" que la afluencia de medios de comunicación podría causar.

QUERELLA DE LOS VECINOS

En julio del 2005, el juzgado de El Prat admitió a trámite una querella de la Asociación de Vecinos de Gavà Mar contra los responsables de AENA, del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Aviación Civil por haber "actuado de manera arbitraria, ignorando la normativa ambiental", al permitir que los aviones sobrevolaran el barrio a escasa altura, generando niveles de ruido "insoportables". A esta acción por presunto delito de contaminación acústica se unieron la Plafaforma Prou Soroll, que reúne a perjudicados de Castelldefels, y un grupo de vecinos de esta localidad. Los afectados acompañaron sus denuncias con informes médicos y periciales que acreditan que los ruidos de los aviones influyen en su salud.

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