El TSJ exige a Hacienda que precinte el climatizador hasta que lo legalice

La sentencia estima el recurso de los quinientos vecinos afectados por la instalación, que reclaman desde el 2001 el traslado de la maquinaria a la azotea

M. J. PASCUAL

Torres de refrigeración en el edificio de la Agencia Tributaria, en la plaza de Castilla y León. / LUIS CALLEJA

A pesar de la satisfacción por el fallo judicial, el portavoz del aproximadamente medio millar de vecinos afectados de la calle Benavente y el entorno de la plaza de Castilla y León, expresa su escepticismo y pone en duda que las Administraciones demandadas vayan a acatarla voluntariamente. De hecho, señala Manuel Gallardo, el fallo judicial se les notificó a las partes el pasado diciembre, pero los climatizadores «siguen todavía funcionando veinticuatro horas al día y todos los días». Por ese motivo, anuncian los vecinos que seguramente se verán obligados a solicitar al Juzgado Contencioso de Zamora la ejecución de la sentencia, «para que se aperciba directamente al alcalde, Antonio Vázquez y se paralice el funcionamiento de los equipos».

El fallo del TSJ estima el recurso de apelación de los vecinos y mantiene la nulidad del decreto de Alcaldía del 9 de enero del 2003 por el que se concedía la licencia de funcionamiento. La sentencia revoca la resolución anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora y ordena al Ayuntamiento que requiera a Hacienda a que presente la licencia ambiental.

El Ayuntamiento de Zamora había considerado que no era necesaria dicha licencia al darla por integrada en las de obra y actividad, explicó ayer el concejal de Urbanismo Jesús Rodríguez. Sin embargo, el TSJ considera que es necesario que se emita una licencia medioambiental independiente por parte de la Administración local. Puntualiza Rodríguez que la sentencia dirime un asunto de licencias y que en ningún caso se pronuncia sobre las molestias que alegan los vecinos, como contaminación por ruidos o insalubridad. De cualquier forma, indicó el responsable del departamento, «el Ayuntamiento en este caso es un convidado de piedra; a nosotros solo nos incumbe conceder o no la licencia medioambiental que Hacienda solicite, y la sentencia le da un plazo para ello, durante el cual tendrá que suspender la actividad de los aparatos».

Los recurrentes sostienen no solo que la instalación es ilegal, sino que también es inadecuada por el ruido que produce -a pesar de que se realizó posteriormente una reparación para reducirlo- y por el impacto en la calidad de vida y el entorno en el que está ubicada. Manuel Gallardo indica que «están apareciendo con frecuencia palomas muertas» y considera que la instalación es totalmente insalubre para las personas que residen en las viviendas colindantes.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Carlos Hernández, aclaró que la instalación del aire acondicionado en la Agencia Tributaria fue autorizada por el anterior Gobierno del Partido Popular y que ya ha dado orden al Abogado del Estado «para que se cumpla la sentencia inmediatamente y haga lo que tenga que hacer para cumplir con la normativa que obliga a legalizar la instalación».

Costas

La lucha de los vecinos, que llegaron a presentar hasta 800 firmas en el Ayuntamiento, se remonta a agosto del 2001, cuando la Delegación de Hacienda comenzó, sin autorización, la instalación de 48 ventiladores. Además de los recursos en la Administración local, que fueron desestimados, llevaron su queja al Procurador del Común, y finalmente tuvieron que acudir a los tribunales. El Ayuntamiento de Zamora se adhirió a la apelación planteada por Hacienda que ha sido ahora desestimada por el TSJ. Además, la sentencia impone a ambas Administraciones públicas el pago de las costas judiciales, que están en torno a 53.000 euros.

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