El Síndic pide a los ayuntamientos que substituyan las multas a los locales ruidosos por el cierre de su actividad

La mayoría de quejas son por bares, reaturantes o discotecas, seguida de los aires acondicionados

Redacción y agencias

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha recomendando a los ayuntamientos que decreten la clausura inmediata de los establecimientos de ocio y restauración que no disponen de todos los permisos en regla o causan molestias. A la vez ha criticado a los que optan por imponer sanciones económicas como medida de coacción. Ribó constata que para los propietarios de un establecimiento que genera molestias puede resultar «mucho más sencillo» pagar una multa tras otra que no que le clausuren el local.

«La administración tiene que intervenir activamente para resolver la contaminación acústica», ha remarcado Ribó durante la presentación en el Parlament de un informe extraordinario sobre contaminación acústica. Ribó ha advertido que a menudo la inactividad de la administración a la hora de afrontar estas problemáticas, que acaban vulnerando el derecho al descanso de los afectados, provoca una excesiva «judicialización» de los casos, pese a que lo conveniente es que se solventen por la vía de la mediación o de instituciones judiciales de proximidad, como son los juzgados de paz.

Los ruidos más molestos

El 25% de las quejas recibidas tienen como origen locales como bares, restaurantes o discotecas. El segundo motivo de denuncia son los aires acondicionados y los ruidos de industrias. Finalmente, un 10% de las quejas hacen referencia a ruidos causados por vecinos y a las obras públicas o privadas.

Las zonas con más contaminación acústica se concentran en el litoral, concretamente en las comarcas del Barcelonés, Baix Llobregat, Maresme y Vallés Occidental.

El 60% de los municipios eluden la ley

El estudio revela que seis de cada diez de ayuntamientos cuentan con una ordenanza sobre contaminación acústica, si bien, paradójicamente, la misma proporción elude la ley que desde finales de 2005 obliga a disponer de mapas de capacidad acústica a todas las poblaciones de la comunidad.

El 60% de los municipios catalanes no dispone de mapas de capacidad acústica, que acotan los niveles de ruido permitidos en cada zona, pese a que una ley catalana de 2002 establecía un plazo máximo de tres años para adaptarse a la normativa, según ha explicado hoy el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

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