El juez concluye la investigación de la querella por ruidos contra la Alcaldía

Un informe del forense sobre la repercusión de la contaminación ambiental en la salud de una familia pone fin a la instrucción

SUSANA ARIZAGA

Una vez concluida la investigación judicial, el magistrado decidirá en breve si archiva o no la querella contra el alcalde, Antonio Vázquez; y los concejales de Urbanismo y Policía Municipal y de Medio Ambiente, Jesús Rodríguez y Feliciano Fernández, presentada por integrantes de la Asociación de Afectados por Ruidos (Afaruza).

La última de las pruebas practicadas es el informe del forense sobre el efecto que el exceso de ruido ha tenido en la salud de una familia, a la que examinó porque alegó trastornos provocados por el elevado nivel de decibelios que sufría en el interior de su vivienda, bajo la que se sitúa un establecimiento hostelero.

Una vez que el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 califique los hechos, dará traslado a las partes para que formulen sus conclusiones y si, decide abrir un procedimiento abreviado contra los imputados, acusación y Fiscalía pidan las penas que consideren oportunas.

El forense ya hizo entrega del estudio médico el pasado día 11 de diciembre, con lo que es probable que el juez, a la vista de todas las declaraciones y pruebas practicadas, determine si hubo prevaricación, dejación de funciones y delitos contra el medioambiente por parte de Antonio Vázquez, como presidente de la Corporación municipal y máximo responsable del Ayuntamiento, que debía firmar los decretos de cierre de bares.

Asimismo, deberá establecer si el concejal responsable de la Policía Municipal y Urbanismo incurrió en el mismo delito por las actuaciones de los agentes locales, que los querellantes denunciaron como insuficientes, ya que en algunos casos afirmaron que no acudían a medir el nivel de ruidos o lo hacían cuando el propietario ya había bajado la música. La denuncia se extiende a la tramitación de los expedientes abiertos por la Policía Municipal y resueltos por Urbanismo que en algunos casos no llegaron a cumplirse con el consiguiente cierre de los establecimientos infractores.

La última decisión del magistrado se remonta al 9 de febrero cuando imputó a cinco bares en la querella por causar contaminación ambiental, a petición del Ministerio Fiscal, que consideró «imprescindible para el buen fin de la instrucción penal que el procedimiento se dirija contra las personas que han provocado o creado la emisión de ruidos».

En esa misma providencia, el juez daba la posibilidad al alcalde de nombrar un abogado «para ejercer su derecho a la defensa» y a declarar voluntariamente, a aportar documentación y a participar en las diligencias probatorias que se practiquen». Antonio Vázquez no ha hecho ninguna de las dos cosas, a pesar de que el magistrado solicitó al fiscal que se pronuncie sobre el aforamiento del regidor municipal, como senador que es, ya que estos cargos sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, salvo que se desafore. Por el despacho del magistrado han pasado ocho funcionarios y dos concejales, además de una decena de ciudadanos afectados por los ruidos que provocan los establecimientos hosteleros mencionados en la querella y los querellantes.

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