Las cifras del «caso Rocersa»

El proceso judicial ha generado unos gastos estimados de 370.000 euros a Rocersa, 110.000 euros al ayuntamiento, 30.000 a la familia Flich-Capella y ningún euro al alcalde

David Pérez

En el banquillo. Vista oral ante la Audiencia en julio de 2006 que culminó con la absolución de Vilanova y Llop

La histórica resolución del Tribunal Supremo (TS) también ha puesto sobre la mesa, pese a las evidentes dificultades, un saldo económico que, curiosamente, ha perjudicado a las tres partes que dirimieron sus diferencias en los tribunales desde el año 1998 hasta el pasado 19 de octubre de 2006, cuando el magistrado del TS José Antonio Martín Pallín sepultó la carrera política de Vilanova al avalar el recurso de casación que presentó la acusación particular contra su anterior absolución por parte de la Audiencia de Castelló.

Ayuntamiento de Vila-real. La sentencia del Supremo eximió al consistorio municipal del pago de cualquier multa por el delito continuado de prevaricación que cometió el primer edil del PP entre junio de 1995 y octubre de 1998. En el fallo judicial, José Antonio Martín Pallín rechazó imponer a Vilanova pago de una sanción ya que ésta no habría sido abonada por el alcalde sino por las arcas de Vila-real, «agravando la situación de los vecinos».

El magistrado del Supremo sí impuso al alcalde el pago de las costas del recurso de casación que presentó el matrimonio Flich-Capella ante el Alto Tribunal. Un coste que el letrado de la familia, Santiago Albiol, ha estimado que oscilará entre los 6.000 y los 9.000 euros dado que el citado recurso tenía una extensión aproximada de 150 folios. Esa cifra aproximada será costeada a medias entre el consistorio y el empresario de Rocersa.

Según estimaciones de los grupos de la oposición, el ayuntamiento ha abonado desde el año 1998 una cifra cercana a los 100.000 euros a Fernando Peris y Vicente Falomir, los letrados que defendieron respectivamente al consistorio y al alcalde. Olfatear la pista de las cantidades exactas abonadas a ambos letrados ha sido, según sostiene la oposición, casi imposible «porque el PP camufló los honorarios en conceptos genéricos del presupuesto y cuando les hemos pedido los datos no nos los han facilitado», ha señalado un edil de la oposición. En cualquier caso, el conjunto del proceso puede haber acarreado al Ayuntamiento de Vila-real un gasto total cercano a los 110.000 euros.

Manuel Vilanova. Económicamente, el caso Rocersa no le ha supuesto ninguna merma porque todo el proceso ha corrido a cuenta del erario público. Políticamente, la condena a 18 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación ha sido letal. Tras la condena anunció que este último recurso ante el TC lo pagará de su bolsillo.

Matrimonio Flich-Capella. La sentencia favorable del Supremo no les ha eximido de hacer frente a una costosa factura económica dado que sólo impuso a la parte perdedora las costas del proceso ante el TS y no la totalidad. Antonio Flich ha asegurado que desde el año 1998 ha abonado cerca de 30.000 euros a su letrado Santiago Albiol, si bien «se ha hecho justicia y eso me compensa, yo nunca busqué un beneficio económico sino poder dormir por las noches, por eso me alegro de que no paguen el proceso los vecinos de Vila-real».

Rocersa. Sin duda, la empresa es la más perjudicada por el proceso en términos económicos. El TS impuso una multa de 288.000 euros al gerente de la mercantil, Pedro Tomás Llop, dado que el funcionamiento ilegal del cogenerador que provocaba los ruidos permitió a Rocersa «obtener beneficios a costa de la salud de los colindantes». Esa cuantía irá a parar íntegramente a las arcas del Estado. Al margen de la cifra, la empresa cerámica también habría desembolsado una cantidad próxima a los 80.000 euros a los dos abogados que defendieron a Llop, aunque este dato no ha trascendido. A esa suma hay que añadir los 4.000 euros correspondientes a las costas del TS que, solidariamente, debe sufragar Rocersa.

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