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Madrid, 19/12/07
"Son los vecinos los que soportan las situaciones ilegales de los locales"
La FRAVM presenta seis denuncias sobre negocios irregulares en siete distritos
PATRICIA ORTEGA DOLZ
 El presidente de la FRAVM, Nacho Murgui- MANUEL ESCALERA |
La responsable de Urbanismo, Pilar Martínez, se lo puso en bandeja el 28 de noviembre. Porque, en el pleno extraordinario sobre el caso, se preguntó dónde estaban los vecinos si había tantos problemas.
El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui, se presentaba ayer a las 11.30, carpeta en mano, en el juzgado número 32 que lleva el caso Guateque. Llevaba hasta seis denuncias de siete distritos diferentes de la capital (Chamberí, Centro, Hortaleza, Fuencarral, Moncloa-Aravaca, Arganzuela y Villaverde) realizadas al Ayuntamiento desde 2004 hasta 2007.
"Son las más significativas, pero llevamos denunciando desde 1998", añadió. Algunas de ellas hacen referencia hasta a 185 locales diferentes que ejercen su actividad sin el distintivo de actividad, o que no presentan seguro de responsabilidad civil o que incumplen los horarios de cierre, doblan los límites de ruido, incumplen la normativa de seguridad o, directamente, funcionan sin licencia.
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La mayor parte de las denuncias presentadas ayer van dirigidas a Luis Asúa, ex concejal de Centro, distrito en el que se concentran dos tercios de los locales de ocio de la capital. "Nosotros hemos actuado implacablemente contra los locales que molestaban", aseguraba ayer Asúa. "Es cierto que la ordenanza municipal es bastante disparatada porque ha dado lugar a que calles como San Vicente Ferrer, en Malasaña, estén llenas de bares de copas y discotecas, consolidadas con licencias que nos impiden hacer nada", explicaba. "Precintar un local nos lleva entre tres y seis meses". añade.
FRAVM ha empezado a recopilar las denuncias presentadas por asociaciones de vecinos de todos los distritos para "colaborar en el esclarecimiento y alcance de los hechos denunciados" y en la voluntad de "que se depuren responsabilidades".
Desde la federación manifestaron claramente que el movimiento vecinal se opone a la privatización del servicio de concesión de licencias que sugirió el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, inicialmente para acabar con el atasco que demora el proceso a casi dos años.
Los vecinos temen que se utilice la corrupción de tres funcionarios de la Administración local para desacreditar a toda la función pública. Por eso reclaman, por el contrario, un aumento de los recursos humanos, económicos y técnicos que hagan ese servicio "diligente, ágil y transparente, porque la privatización de un servicio debilita su control por parte de la Administración".
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20 años para acabar con un bar
Hay casos sangrantes como el de la comunidad de vecinos del número 9 de la calle de Argensola, en el barrio de Malasaña. "Las quejas se remontan a más de 20 años", asegura el representante de la Asociación Vecinal del Barrio de la Justicia, José Carlos Nicolau Corbacho. Hizo falta montar la asociación de vecinos, emitir las quejas al Ayuntamiento de Madrid, poner una denuncia en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 y luego otra en el Juzgado de lo Penal 24 (que falló a favor de los vecinos en 2004), además de mantener reuniones diversas con los sucesivos responsables del distrito Centro (Carlos Martínez primero, y Luis Asúa, después) y de plantear la insostenible situación en los plenos, en los consejos territoriales y sectoriales, después de la última sentencia. Más de 20 años de peregrinaje vecinal para conseguir cerrar un pub que funcionaba desde el principio sin licencia: el Cartoon. "Lo conseguimos, pero no gracias al Ayuntamiento, sino gracias a nuestro empeño y a acabar en los tribunales", insiste Corbacho. "El caso del Cartoon es representativo porque es un ejemplo claro de que los vecinos son los que acaban aguantando esas situaciones ilegales consentidas por la Administración, y si no se opta por la vía penal te la comes". |
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