El ruido, un problema de salud pública

El próximo 24 de enero serán juzgados en la sala de lo Penal de Zamora, por un delito contra el medio ambiente, los propietarios de un pub de Benavente a los que una familia de la localidad, que tuvo que cambiar de domicilio, denunció por la frecuente emisión de ruidos desde su local. El pasado mes volvió a la actualidad la denuncia de un grupo de vecinos de la calle Benavente, en la capital zamorana, contra los ruidos que provocan los climatizadores instalados en una terraza del edificio de la Delegación de Hacienda.

El pasado febrero, el juzgado de instrucción número tres de los de Zamora exculpaba a los dos concejales y a varios técnicos del Ayuntamiento de la capital imputados en una querella criminal por la supuesta pasividad municipal en tramitar las denuncias contra los establecimientos hosteleros que incumplían de forma reiterada la normativa sobre ruidos. Para liderar esta denuncia se creó hace ya tres años la Asociación de Familias Afectadas por los Ruidos en Zamora, entidad que ha abanderado en la capital provincial la lucha contra este cada vez más molesto fenómeno.

En las ciudades del siglo XXI, incluso en las más pequeñas, como Zamora y Benavente, el ruido se ha convertido en un problema de salud pública. Los expertos definen como ruido «el conjunto de fenómenos vibratorios aéreos que, percibidos por el sistema auditivo, puede provocar molestias o lesiones de oído». La Unión Europea constata que la cuarta parte de la población comunitaria se expone a niveles de ruido superiores al límite de tolerancia, fijado en 65 decibelios.

España es, según otro estudio, el segundo país, tras Japón, que soporta mayores niveles de ruido. Está científicamente demostrado que los sonidos inarticulados pueden ocasionar estados de estrés y reacciones fisiológicas y psicológicas, como déficit de atención, ansiedad o alteraciones del sueño.

Zamora es una de las provincias de la región con un mayor índice de contaminación acústica, por encima de la media nacional. En la capital, según un estudio de la Junta de Castilla y León, el nivel de ruidos se acerca en determinadas zonas y momentos del día a los 79 decibelios, muy por encima de lo permitido por la Administración.

El Tribunal Constitucional ha reiterado en varias sentencias que el ruido constituye una agresión contra los derechos fundamentales de la persona, haciéndose eco de una creciente sensibilidad social contra las agresiones de la contaminación acústica. Los españoles ya definen el ruido como uno de los problemas ambientales que más le preocupan.

La lucha legal contra el ruido tiene un primer antecedente en 1984, cuando una mujer de Lorca (Murcia), que abandonó su domicilio a causa de los malos olores y ruidos que producía una empresa que se instaló al lado de su casa, tuvo que acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en Estrasburgo, para que se le reconocieran unos derechos que le negaron las instancias jurídicas en España.

La vigilancia del respeto de los derechos de los ciudadanos que no desean ser molestados por el ruido colisiona frecuentemente con las nuevas costumbres sociales en materia de ocio y diversión, que presionan a favor del retraso del horario de cierre de los establecimientos o de la elección de la misma zona como lugar de masivas reuniones nocturnas de jóvenes, especialmente durante los fines de semana.

Una normativa adecuada de aislamiento acústico en los locales nocturnos, la vigilancia estricta del cumplimiento de las limitaciones sonoras establecidas y el control de las calles no agotan las posibilidades de actuación de los ayuntamientos, que, a su vez, deben tener en cuenta los legítimos derechos de los empresarios hosteleros y los derechos individuales de las personas, tanto de las que entienden que la noche es para descansar como las que la eligen para divertirse.

Los ayuntamientos de Zamora y Benavente, los más afectados de la provincia por denuncias contra el ruido, deben esmerarse en aplicar la ley, empezando por el principio de corresponsabilidad: ninguna propuesta en este ámbito polémico surtirá efecto si no existe voluntad política de atajar el problema y una concienciación por parte de los causantes de ruido.

Las normativas regionales y municipales son restrictivas pero no lo son tanto respecto a su cumplimiento. Es necesario por tanto dotarse de medios humanos, técnicos y materiales para ejercer un control más riguroso. Además de sanciones más eficaces, es importante la tramitación rápida tanto de las denuncias de los afectados como de las licencias a los locales que tengan que corregir la emisión elevada de ruido.

Por ser un problema que nos atañe a todos los ciudadanos, es necesario, desde las administraciones públicas, llevar a cabo campañas de educación y sensibilización dirigidas a todos los sectores de la población, empezando por los colegios y los institutos de Secundaria, que tengan como fin difundir una nueva cultura en la que se minimice la contaminación acústica y que permitan unas ciudades más tranquilas y habitables.

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