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Sevilla, 05/08/07

La Junta ve "idílica" la convivencia generada tras la ley "antibotellón"

ANTONIO FUENTES

En diciembre del pasado año entró en vigor en Andalucía la ley que reguló definitivamenete los espacios en los que se pueden consumir bebidas y comidas al aire libre. Una norma destinada sobre todo a erradicar el fenómeno juvenil del botellón, que tantos quebraderos de cabeza da a los gobiernos municipales.

Nueve meses después de la aprobación de la ley, y coincidiento con la época estival, la Junta de Andalucía se muestra orgullosa de la norma que dotó a los ayuntamientos de las herramientas para eliminar estas prácticas delimitando los espacios establecidos para el consumo de alcohol en la calle al llamado botellódromo.

"Hoy ya podemos decir, salvando algunas plazas o calles en las que se irán erradicando poco a poco, que los vecinos descansan, los turistas pueden venir y pasear más tranquilos y los jóvenes se divierten respetando a los demás. Estamos llegando a una situación idílica de convivencia entre unos y otros", afirmó tajante la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, en declaraciones a este periódico.

Como prueba para la consejera, basta revisar las hemerotecas y comparar las imágenes que ilustran actualmente los espacios de ocio con los reportajes de veranos anteriores. Naranjo recordó que la entrada en vigor de esta ley autonómica fue "compleja" y provocó "opiniones para todos los gustos de numerosos agentes sociales". "Nadie se ha quedado sin opinar de este texto legislativo", subrayó la responsable de Gobernación.

Después de tres trimestres de vigencia, la consejera agradeció que "los agentes implicados han acogido la ley con racionalidad, prudencia y responsabilidad", exceptuando algunas excepciones que no quiso detallar.

Para la consejera, "en líneas generales los gobernantes locales han acogido con responsabilidad la ley" y han desarrollado instrumentos para ponerla en práctica, siempre con el objetivo de compatibilizar el derecho al descanso de los ciudadanos con la diversión.

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (Cava) ha analizado en las últimas semanas el grado de cumplimiento de la ley antibotellón en 16 ciudades andaluzas y sólo dos han dado resultados negativos: Huelva y San Fernando, en Cádiz, donde el grado de omisión de la ley es para los representantes vecinales "escandaloso".

En Huelva la situación es "mala", con quejas de los vecinos de la plaza de la Merced y numerosas llamadas a la Policía de denunciantes que se encuentran con la "despreocupación" del Ayuntamiento de la capital onubense, señala la Cava.

En San Fernando, los jóvenes hacen botellón cerca de viviendas y de una residencia de ancianos, aunque el lugar elegido por el Ayuntamiento para instalar el botellódromo se revisará tras el verano.

En la recopilación de datos de la Cava se encuentran otras capitales, como Sevilla, con problemas sólo en la Alameda de Hércules aunque aún el Ayuntamiento no ha habilitado el botellódromo de La Cartuja. En Córdoba y Granada ya no hay problemas y en Cádiz capital ha habido buena aceptación a hacer el botellón en la Punta San Felipe. El Paseo de los Curas en Málaga también ha tenido buena acogida y, en Almería, hay problemas para elegir el lugar.

Otras localidades estudiadas son Jerez de la Frontera, Alcalá de Guadaíra o Arcos de la Frontera, con buenos resultados, y Linares y Úbeda, donde los problemas con los vecinos se van solucionando. Cierran el informe tres urbes gaditanas: El Puerto de Santa María, con dos lugares habilitados y buenos servicios; Sanlúcar de Barrameda, donde se acordó un recinto aunque puede cambiar tras el verano, y Puerto Real, donde los problemas están en el regreso a casa.

Evangelina Naranjo quiso agradecer la tolerancia demostrada por la juventud andaluza y el comportamiento demostrado al asumir "de manera unánime por la mayoría y, sobre todo, con madurez y coherencia" una ley polémica socialmente. "Los jóvenes han comprendido que se deben seguir divirtiendo pero respetando a sus vecinos", añadió.

La ley andaluza surgió del consenso social, dice la Junta. La titular de Gobernación no quiso atribuir el mérito exclusivamente al Gobierno andaluz, sino extenderlo a todos los colectivos económicos y sociales de la región. La denominada Ley de Potestades Administrativas en materia de Actividades de Ocio en los espacios abiertos fue consensuada con los municipios en el seno de la Mesa de Concertación, así como con diferentes colectivos sociales.

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