GESTION DE RUIDOS / Vecinos contra Telefónica

Cuando la ley protege al poderoso

Una sede de Telefónica molesta a unos vecinos que, tras ganar un pleito, vuelven a llevar al Consistorio a los tribunales

ALBERT MARTIN

Cuando atiende al teléfono y le preguntan cómo está, Jordi Vicente se ha acostumbrado a responder con una muletilla: «No tan bien como tú».

Este vecino de la calle Torras i Bages, en el distrito de Sant Martí, se compró el piso en que vive en 1974. Todavía recuerda por qué prefirió un inmueble que daba a la calle Cinca en vez de los que daban a la concurrida vía: «Por la parte de atrás no pasaban autobuses, había un silencio que daba gusto».

Esa paz se vio rota en 1997, cuando se puso en funcionamiento la sede que Telefónica tiene con en la calle Cinca, 39-47. La distancia entre la fachada posterior del edificio que alberga a la empresa y los balcones de los vecinos de Torras i Bages es de unos 12 metros, con lo que la entrada en funcionamento de la maquinaria de refrigeración de la compañía empezó a generar molestias a los vecinos de la zona.

El ruido, un zumbido intermitente que genera con frecuencia más ruido de día que de noche, pasó a ser una constante en la vida de los vecinos de la zona. «Nos quejamos al Ayuntamiento por primera vez en 1999, pero por entonces los vecinos no estábamos organizados ni teníamos claro qué procedimiento seguir», explica Vicente.

La protesta ante el Consistorio no surtió ningún efecto y el ruido fue a más con la entrada en funcionamiento de nuevas unidades de refrigeración. El ruido, según relatan los vecinos, era «insoportable», y también los inquilinos de la parte del inmueble más alejada de Telefónica se unieron a las protestas.

A lo largo del año 2002, los vecinos empezaron a acudir a las audiencias públicas en el ayuntamiento del distrito, cuyo concejal era el hoy alcalde Jordi Hereu, para exponer el problema. «Hereu siempre respondía lo mismo: 'Tomamos nota y solucionaremos el tema'», explican los afectados.

Pero la ansiada prueba sonométrica no llegó hasta 2003. Y como era de esperar, dio positivo: en el balcón de Jordi Vicente había bastante más de los 45 decibelios permitidos, con valores que rebasaban los 55. Con el resultado de la prueba, el Ayuntamiento se comprometió a precintar la maquinaria que generaba los ruidos, un extremo que nunca llevaron a cabo.

Según los vecinos, los responsables municipales no presentaron ante el juzgado la documentación necesaria para proceder a dicho recinto, por lo que el caso se acabó archivando. Con la paciencia al límite, los vecinos pusieron el caso en manos de Lluís Gallardo, abogado de la Asociación Catalana Contra la Contaminación Acústica (ACCCA), que decidió demandar al Ayuntamiento por su escaso compromiso con el descanso de los vecinos.

La sentencia, hecha pública en junio de 2005, condenaba al Consistorio a pagar 6.000 euros a cada uno de los denunciantes, además de exigir el fin de los ruidos de Telefónica. El fallo recogía la «inactividad de la Administración demandada», la cual suponía «una violación de los derechos fundamentales de la persona previstos en los artículos 15 y 18, 1º y 2º de la Constitución Española».

El Ayuntamiento dio un plazo de tres meses a la multinacional para que retirara sus sistemas de refrigeración del patio interior colindante al inmueble afectado. La compañía cumplió, llevándose la maquinaria a la parte superior del edificio. Con esta medida, y como pudieron comprobar los vecinos, los ruidos no sólo no desaparecieron, sino que pasaron a afectar a más viviendas.

Una vez más, el Ayuntamiento ignoró esta circunstancia, que los vecinos ratificaron mediante una nueva prueba sonométrica, lo que ha conllevado que más de 70 vecinos hayan interpuesto una demanda penal contra el Ayuntamiento.

Entre los vecinos ha cundido una sospecha: a la gran influencia que se le supone a Telefónica, cabe añadir el acuerdo de colaboración que la multinacional ha firmado con el Ayuntamiento de Barcelona, según el cual la empresa trasladará su sede central al distrito tecnológico 22@ a cambio de poder recalificar algunos de sus edificios en la ciudad para la construcción de pisos.

Cuando Jordi Vicente oye hablar de los cierres exprés, no reprime la sonrisa. «Al Ayuntamiento le va muy bien retirar licencias a cuatro bares de gente anónima, pero con Telefónica no se ha atrevido».

En la calle Torras i Bages, un zumbido tenaz le da la razón.

Más noticias de este mes | Último mes | Índice general de noticias
Página principal de ruidos.org