A FONDO / LA GESTION DE LOS RUIDOS, EN ENTREDICHO

Los decibelios de BCN acorralan al Ayuntamiento

ALBERT MARTIN

A lo largo de los últimos meses, el Ayuntamiento de Barcelona ha mantenido una lucha sin cuartel contra los locales nocturnos que generan ruidos molestos para los vecinos. Cerca de un centenar de establecimientos se han cerrado por este motivo en lo que va de año.

Un caso, sin embargo, amenaza con dar un vuelco a la gestión municipal -con sus cierres exprés por bandera- de estos conflictos en que se enfrentan vecinos que defienden su derecho al descanso con empresarios y clientes noctámbulos.

Benjamín Sánchez, propietario de Lasermon, en la calle Muntaner, inició lo que él denomina «via crucis» en octubre de 2005. Su local, de 1.000 metros cuadrados y dedicado a los juegos con pistolas láser, molestaba a unos vecinos. Sólo dos meses después de su apertura, el local ya se había acostumbrado a recibir la visita de la Guardia Urbana entre cinco y seis veces cada noche.

«Es algo que afecta a tu reputación. Los empresarios somos gente que creamos empleo y pagamos impuestos, y actuaciones así nos criminalizan», explica Sánchez. En marzo, tras los infructuosos esfuerzos por parte de la empresa de insonorizar el apartamento de los vecinos afectados, el Ayuntamiento ordenó una inspección sonométrica en la vivienda situada sobre Lasermon. El resultado fue de 25 decibelios, cuando el máximo permitido en un dormitorio es de 30. Sin embargo, los técnicos de Business Strengths Engineering añadieron a esta cifra dos penalizaciones, una de cinco decibelios por el tipo de actividad, y otra más de tres decibelios por apreciar el técnico componentes impulsivos normalmente vinculados con actividades de tipo industrial. El resultado fue taxativo: dos semanas más tarde, el 24 de marzo, el local era precintado.

«En nuestro caso, hemos comprobado que el Ayuntamiento tiene dos velocidades: la velocidad exprés para precintar establecimientos y otra, mucho más lenta, para volver a abrir. Eso demuestra que lo que de verdad les afecta es el del vecino que grita», afirma Benjamín Sánchez.

Tras el cierre, y junto con su colaborador Santiago Alvarez, se reunió con los responsables municipales, que le emplazaron a realizar una serie de obras de insonorización del local. Siguiendo las instrucciones del Departament de Control i Reducció de la Contaminació Acústica, iniciaron unas reformas que culminaron el 22 de abril. Remozado el aislamiento acústico, el Ayuntamiento exigió entonces que Sánchez presentara una medición acústica desde casa de sus vecinos para acreditar que el nivel del ruido estaba dentro de lo permitido.

Llegados a este punto, los vecinos se negaron a permitir que la medición se llevara a cabo hasta en cinco ocasiones, en la última de las cuales -que tuvo lugar el 22 de junio- estaban presentes técnicos del Ayuntamiento. Este hecho forzó el desprecinto provisional del local una semana después y llevó a la empresa a presentar una demanda contra la pareja de vecinos que se sentía afectada por el ruido. Los tribunales dieron la razón a Lasermon y condenaron por una falta de coacciones a los vecinos, en un caso sin precedentes en España.

A este respecto, el propietario de Lasermon, Benjamín Sánchez, puntualiza que antes de que su negocio echara a andar tuvo que solicitar el certificado de compatibilidad urbanística. En ninguno de los registros catastrales que les facilitó el Ayuntamiento constaba la vivienda de los vecinos que se sienten damnificados por su actividad. Esta circunstancia se debió a que la vivienda es un antiguo local comercial que fue segregado.

Tras un verano de relativa tranquilidad y pudiendo abrir el local sin más problemas, el 7 de octubre el Ayuntamiento hizo una nueva medición por sorpresa para comprobar el nivel de ruidos en casa de los vecinos, que seguían teniendo problemas a consecuencia del ruido. Para sorpresa de Lasermon, y pese a las obras de insonorización realizadas siguiendo instrucciones del Ayuntamiento, la prueba volvió a dar positivo gracias a la aplicación de las mismas penalizaciones de que fue objeto en marzo, más una tercera por apreciar el técnico componentes tonales en el ruido. Medio año después, los decibelios no sólo no desaparecían sino que se seguían reproduciendo.

Unos días después, el Ayuntamiento notificó a la empresa que procedería a cerrar el local, pero concedió un plazo de diez días para presentar alegaciones. Y los responsables de la empresa no perdieron el tiempo. Contactaron, por una parte, con la empresa fabricante de los sonómetros que utiliza Business Strengths Engineering y comprobaron que el modelo utilizado en su caso no está diseñado para mediciones en interiores. Además, averiguaron que, según el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, el sonómetro comportó el cierre de su local no dispone de aprobación de modelo y que «las medidas acústicas llevadas a cabo» con dicho instrumental «no son correctas» dado que ese sonómetro «no superó las fases metrológicas correspondientes».

Pero las pesquisas no acabaron ahí. Lasermon solicitó sendos informes sobre las mediciones de la empresa que presta este servicio al Ayuntamiento al Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i a la Universitat Politècnica de Catalunya, cuyos resultados fueron demoledores. Las conclusiones indican que las mediciones de Business Strengths Engineering incumplen el protocolo descrito por el mismo Ayuntamiento de Barcelona, que los horarios de recogida de medidas no son los adecuados -puesto que no discrimina el sonido ambiente que puede proceder de la calle-, que los decisivos coeficientes de penalización aplicados no procedían y que no existe una fiabilidad técnica. Ambos informes concluían que el nivel de sonido en la vivienda estaba dentro de los parámetros legales. Por tanto, no debió precintarse el local.

Por todo ello, la abogada que representa a Benjamín Sánchez adelantó a EL MUNDO que tomarán acciones legales contra el Consistorio, dado que estima que sus clientes han perdido a lo largo del conflicto una cantidad cercana a los 378.000 euros, y recuerda que durante el tiempo en que ha estado clausurada, la empresa siguió pagando a sus empleados puesto que cualquier despido se habría considerado improcedente.

Pero aún más preocupante es que la política de cierre de locales del Ayuntamiento ha quedado en entredicho. Los numerosos locales que han sido precintados en lo que va de año -que algunas fuentes cifran entre 75 y 100- podrían exigir la revisión de sus casos y Fecalon (Federación Catalana de Asociaciones de Locales de Ocio Nocturno) ha anunciado que pedirá la nulidad de los procesos que se han llevado a cabo en los últimos meses. Dicha entidad estima que aproximadamente una quincena de ellos podría verse directamente beneficiada por este vuelco en la denominada Guerra del Decibelio.

Fuentes del sector han añadido que si el Ayuntamiento se viera obligado a indemnizar a aquellos locales que cerró con procedimientos incorrectos -como sería el caso, en caso de demostrarse, de Lasermon-, el efecto dominó podría llevar al Consistorio a una grave situación econónomica e incluso a la suspensión de pagos.

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