Los forenses certifican dolencias por ruido ambiental en Villa Laura

E. V. Pita

Un auto del 17 de marzo de la jueza de Instrucción número 8 de Vigo desestima la proposición de 16 vecinos de una casa cuartel de la Guardia Civil para paralizar cautelarmente las obras del polígono de Villa Laura para realizar un estudio medioambiental. La magistrada considera que la petición es «desproporcionada» y se basa en el principio de intervención mínima de los jueces penales, lo que equivale a dejar en manos del Concello el asunto.

Por su parte, los denunciantes alegan que los forenses han certificado que quince vecinos de la calle Sevilla sufren dolencias causadas por kas vibraciones de las explosiones, los martillos taladradores o el movimiento de piedras cerca de las ventanas. Al parecer, sufren estrés, insomnio, asma, alergias y problemas en los oídos. «Hay tanto ruido que dentro de casa no podemos hablar ni escuchar la televisión», afirmaba ayer un afectado.

Según los querellantes, todos los informes médico-forenses establecen una relación directa de causa y efecto entre las obras y las dolencias, de forma total o parcial. Algunas personas ya tenían dolencias psíquicas por nervios y otros alergias o asma y otros estaban sanos.

El pasado octubre, los vecinos presentaron una denuncia por delito medioambiental en el juzgado de Instrucción 8 y otro por prevaricación contra la alcaldesa, el gerente de Urbanismo, así como el concejal y el técnico de Medioambiente en el juzgado de Instrucción número 1. Actualmente, la segunda jueza recaba información sobre dicha querella. Los denunciantes pidieron la paralización cautelar y temporal de las obras hasta que no se realice un estudio objetivo de impacto medioambiental «serio» en el que se tomen medidas correctoras. Rechazan el estudio que obra en el Concello de Vigo por ser «imparcial e incompleto».

Inicio del pleito

El conflicto se inició hace dos años en el triángulo de Pintor Colmeiro, Povisa y el cuartel de la Guardia Civil. Los informes de la policía local revelaron que existían índices de ruido de 35 a 60 decibelios, 25 puntos por encima de la tasa permitida.

Los mujeres de los guardias civiles afectados presentaron una denuncia en Fiscalía donde decían que se producían unos ruidos que eran inadmisibles para los residentes de la casa cuartel. Un fiscal abrió diligencias informativas que se pasaron a Instrucción número 8.

En paralelo, la concejalía de Medioambiente abrió un proceso administrativo. Primero paralizó las obras y luego las alzó. Según los querellantes, lo hizo sin tener informes acústicos adecuados.

A petición de las empresas afectadas, se reanudaron los trabajos, lo que levantaba un polvillo perjudicial para la salud, según los afectados. No sólo se quejaron del ruido sino también de los restos del picado de la cantera que recrudecía las dolencias de quienes padecían asma o alergia, e incluso de personas sanas.

Irregularidades

Los vecinos denunciaron supuestas irregularidades en el Ayuntamiento al ver, según ellos, que había parcelas municipales en las que se ejecutaban obras sin contar con licencia alguna ni disponer de estudios de impacto medioambiental.

Las explosiones para retirar los bloques de piedra motivaron más quejas. Denunciaron que las constructoras pidieron autorizaciones a la Subdelegación del Gobierno para explosionar en determinados lugares del polígono pero las usaron en otras parcelas, lo que incumplía la normativa vigente. Aseguraron al juez que se usaron mayor cantidad de explosivos que los autorizados, de forma que algunas pequeños trozos de piedras cayeron sobre la acera, cerca de Povisa y sobre un coche estacionado junto al cuartel de la Guardia Civil. El pleito sigue abierto en el juzgado.

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