Primavera pasada por agua

CON LA EXCUSA de que era una concentración espontánea, de convocatoria supuestamente anónima, las tres administraciones públicas con competencias en la materia –Estado, Autonomía y Ayuntamiento– han estado toda la semana discutiendo entre ellas a quién correspondía la difícil, y por lo visto titánica, tarea de impedir lo que desde el principio ya se sabía más que de sobra en qué iba a consistir: en una fiesta masiva de exaltación del alcohol convocada por los jóvenes a modo de desafío; y con un afán superlativo. A saber: hacer la mayor botellona que ojos humanos nunca vieron; una botellona que, como el clásico dicho sevillano, hiciera que tomaran por locos a todos sus protagonistas. Al final no pudo ser: la lluvia, la única esperanza cierta que nos quedaba, hizo que la temida concentración se diluyera casi por completo y quedase en un evento de rango muy inferior –o en una suma de concentraciones más que menores– a lo esperado.

Este episodio arroja, sin embargo, algunas conclusiones sobre la situación de la vida ciudadana sevillana. También evidencia algunas certezas. Y sobre todo permite, por decirlo de alguna manera, mostrar qué se puede esperar y qué no se puede demandar a los responsables públicos, de quienes dependen muchas decisiones que afectan a nuestra vida diaria pero hacen dejación manifiesta de sus responsabilidades ante cuestiones como ésta. Parece claro que no puede aspirarse a que ninguno de los dirigentes políticos tenga la valentía suficiente para encauzar este fenómeno social. Unos, por unas cuestiones; otros, por otras. Todas sus energías se gastan en eludir su responsabilidad, escurrir el bulto y culpar a los demás del mismo padecimiento que a ellos les aqueja: la cobardía política. Ni la Junta, ni el Estado ni el Ayuntamiento han querido coger el toro por los cuernos. Hasta el punto de que el mal tiempo era ya el único recurso. Todo un ejemplo de eficacia democrática. Después nos quejamos de que la iglesia continúe sacando vírgenes a pedir lluvia.

Uno –el Gobierno central– alegaba que no era un problema de orden público. Otra, la Junta de Andalucía, quizás la administración menos coherente en esta materia, responsabilizaba a los ayuntamientos de no hacer nada. El Ejecutivo autonómico insistía además en su eterna contradicción: decir que los consistorios tienen mecanismos para combatir la botellona y, al mismo tiempo, impulsar una ley –a la fuerza; la consejera Evangelina Naranjo ha sido la primera que en su momento se mostró tolerante con el botellón– que, dentro de un año más o menos, está llamada a impedirlo. Hasta los empresarios de bares han reconocieron que su compromiso para luchar contra este fenómeno que destruye la ciudad –al menos, cierto concepto de ciudad– duró apenas unas semanas. El tiempo que mantuvieron las copas más baratas en sus locales.

El Ayuntamiento, a fin de cuentas, es quizás la institución que más se ha mojado en este asunto. No precisamente en este momento, pero sí antes. Monteseirín, que esta semana ha sido rotundo al enjuiciar el fenómeno –en otros momentos era más contemporizador; sobre todo en su primer mandato como regidor–, ha dejado caer que en su día sus intentos por encauzar el problema no contaron con respaldo alguno. Es cierto: organizar un botellódromo parecía casi como incitar, desde una institución pública, al consumo de alcohol. Un asunto en el que nadie –ni grupos municipales; ni otras instituciones– quisieron entrar a fondo. El alcalde ha lamentado estas críticas y ha explicado que, en parte, por ellas esta opción dejó de plantearse.

Monteseirín tiene razón en lo de la falta de apoyo político (tanto de la oposición como de la Junta) pero no tanto en el resultado final. Un gobernante tiene que tener oído para las críticas y analizarlas con serenidad, pero ignorarlas si cree que su opción personal es la única realmente viable. Un proceso que implica un desgaste –de imagen y en algunos supuestos incluso personal– que no siempre se asume. Es más, se intenta rehuir, algo de lo que el propio alcalde ha dado un ejemplo no muy lejano en el tiempo (no presentarse a una rueda de prensa convocada por él mismo sobre el Metrocentro para impedir dar explicaciones públicas por el nuevo rebrote de las facturas falsas de la Macarena).

Al final, esta polémica en la que todos se han culpado mutuamente para no hacer frente al problema social de fondo –el argumento de que era una convocatoria anónima causa entre risa y rubor; todos los delincuentes son anónimos hasta que se les pone nombre y apellidos, y no por eso la Policía deja de intentar capturarlos– ha resucitado la vieja idea del botellódromo. ¿Quién lo iba a decir? Tantos años después, tras hablar de convivencia y alternativas, se impone la misma vieja receta: crear un lugar adonde vayan las concentraciones. Parece ser ya la única salida. Esperemos que no esté en la Cartuja. El espacio de la Sevilla moderna quizás no podrá acoger viviendas pero es escenario recurrente del botellón. Todo un símbolo.

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