Una sentencia obliga a cerrar Transalfals mientras no reduzca el ruido de la fábrica

La cooperativa forrajera de segundo grado Transalfals de Bellcaire deberá cesar temporalmente su actividad antes del día 10 de agosto por orden de una sentencia judicial, emitida por el juzgado contencioso administrativo de Lleida el pasado 27 de julio. El motivo de esta decisión es que un informe acústico, realizado por un perito judicial, ha dictaminado que el nivel de contaminación acústica supera el límite legal y perjudica a los vecinos de la zona

Además, el tiempo transcurrido entre la primera sentencia en la que se obligaba al Ayuntamiento a tomar medidas para solucionar estas molestias hasta el día de hoy, sin que se haya solucionado el problema, ha sido uno de los motivos que ha llevado al juez a tomar esta decisión.

Las quejas de los afectados remontan del 1999 y existe una primera sentencia del 15 de enero de 2005, confirmada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en su sentencia del 25 de julio del mismo año, en la que se destaca la inactividad del Ayuntamiento de Bellcaire ante la inmisión sonora producida por las instalaciones de Transalfals & La Vispera y condena al consistorio de Bellcaire a poner fin a esta contaminación acústica que vulnera el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal de los vecinos.

El Ayuntamiento presentó un proyecto de ejecución de medidas correctoras para minimizar el impacto acústico de la deshidratadora en el mayo del 2005, pero las soluciones adoptadas se consideran insuficientes. A partir de este punto, aparecen varios informes acústicos con resultados distintos.

Ante estos informes acústicos contradictorios, el juez decide encargar un informe a un perito judicial. El dictamen pericial pone de manifiesto que los niveles de inmisión acústica superan los valores establecidos por la ley, sin que haya deferencias entre el día y la noche, reforzándose notablemente en función de la dirección y velocidad del viento.

Según este informe pericial, los niveles en el interior y el exterior de las viviendas superan en diez puntos los máximos establecidos por la normativa vigente.

Con todo ello, la sentencia pide que se cese la actividad empresarial antes de diez días desde la notificación de la Resolución, es decir, antes del 10 de agosto. En el caso de que no se cumpla, la empresa será multada cada quince días con 1.502 euros. Transalfals podrá reemprender su actividad una vez se hayan aplicado las medidas correctoras necesarias, previa medición acústica para certificar que no se superan los límites legales.

Por su parte, los 13 afectados que denunciaron al Ayuntamiento de Bellcaire por no poner solución a las molestias afirman que no “se siente culpables por el cierre de esta empresa, ya que la culpa la tienen ellos mismos por no haber solucionado el problema antes” y añadieron que “hemos estado muchos años luchando y hemos perdido tiempo y dinero en este asunto, pero lo único que queremos es tranquilidad.”

Por otra parte, estas personas aseguran no entender por qué el Ayuntamiento se ha posicionado a favor de la empresa y se ha puesto en contra de los vecinos del municipio.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Xavier Bergé, no quiso opinar sobre el tema porque aún no habían estudiado la sentencia con los servicios jurídicos del cosnsistorio, pero lo que sí aseguró es que como Ayuntamiento escucharán la opinión de los ciudadanos de Bellcaire y actuarán en función de lo que la población decida en este caso.

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