El Ayuntamiento admite «flexibilidad» con las licencias de discobares para «no perjudicar al sector»

Hosteleros y vecinos se quejan de indefensión ante la existencia de establecimientos que se mantienen durante años sin permiso de apertura Dulce Gallego reconoce que no se actúa con rigidez «para no impedir el desarrollo económico de la ciudad» y apoyar a la hostelería

ANDRÉS PRESEDO

El Ayuntamiento de Gijón lo admite. Existe un grado de «flexibilidad» importante a la hora de conceder las licencias de apertura a los locales, sobre todo cuando se trata del sector de la hostelería. La concejala de Medio Ambiente, departamento encargado del control de los ruidos, Dulce Gallego, habla con claridad de una política municipal, en este asunto, «que no impida el desarrollo económico de la ciudad». De hecho, pueden pasar años desde que se pone en funcionamiento al público un establecimiento hasta que se concede la, se supone, preceptiva licencia municipal para abrir sus puertas. ¿Dejadez municipal?, ¿permisividad?. Al final, se resume en unos tiempos para conceder las licencias de apertura que no favorecen, en absoluto, ni a los empresarios de hostelería ni a los vecinos de los establecimientos.

¿Motivos? Los primeros se ven forzados a abrir con la permanente amenaza de cierre porque no pueden ni quieren tener importantes inversiones paradas a la espera de que la máquina municipal los legalice. Los segundos, la parte vecinal, porque pueden sufrir las consecuencias de aperturas prematuras con ruidos y vibraciones insoportables y que repercuten de forma muy directa en su calidad de vida. La indefensión ante la 'maquinaria' del Ayuntamiento es patente en ambos casos.

Aunque, por causas evidentes, no quieren dar sus nombres, muchos empresarios del sector de la hostelería de Gijón están muy insatisfechos con la forma de actuar del Ayuntamiento, que los obliga a estar sin licencia de apertura en sus locales durante años. De hecho, aseguran que hay una parte muy importante de establecimientos de hostelería en la ciudad, sobre todo del sector de las 'copas', que al día de hoy no tienen licencia de apertura, extremo este difícil de comprobar en el Ayuntamiento, ya que los expedientes son de índole privada.

Denuncias de vecinos

«Carecemos de permiso de apertura porque tardan una eternidad», admitía uno de los empresarios, a la vez que recordaba que los técnicos municipales habían pasado por su local cuando todavía estaba en obras. Desde entonces, nunca más supo de ellos. «Lo que hacemos primero -señaló- es preguntar al Ayuntamiento si se puede adecuar un local para música amplificada. Eso lleva meses. Te dan la licencia de obra con toda la normativa, puertas, insonorización... Luego, igual pasan durante la obra, pero abres el bar al público sin problema».

La situación, de sobra conocida por todos los empresarios del sector de hostelería, es tan peculiar que, en ocasiones, aplicando la nueva normativa de ruidos aprobada no hace muchos meses por el Ayuntamiento, la Policía Local llega a imponer sanciones por exceso de ruidos, por tener abierto fuera de los horarios previstos y por otras eventualidades, pero nada se hace cuando los agentes piden la licencia de apertura, que es totalmente preceptiva, y el hostelero no la tiene, aunque su negocio lleve abierto durante varios años. No se levanta expediente alguno, ni se informa al Ayuntamiento de la situación. ¿Por qué, entonces, se puede remover el tema de la licencia de apertura después de años de actividad? En la mayoría de los casos, por una denuncia, que suele partir de los vecinos. Si hay quejas, algo se empieza a mover, pero pueden pasar muchos meses antes de que algo tan obvio como la clausura de un negocio sin licencia, sobre todo los que están incluidos en el reglamento de actividades molestas, nocivas y peligrosas, llegue a consumarse.

«Hacemos grandes inversiones -señalaba uno de los hosteleros- y sabemos a lo que nos arriesgamos cuando abrimos sin licencia, pero no podemos hacer otra cosa. Nos pueden cerrar, pero peor sería estar meses o años esperando por una licencia de apertura y perdiendo dinero».

Reglamento en la mano

La denuncia como elemento activador para aplicar la normativa municipal fue reconocida a EL COMERCIO por la concejala delegada del área de Medio Ambiente, Dulce Gallego, quien admitía que «no tenemos muchos instrumentos» para «acometer un cierre», y abundaba en las dificultades para realizar un procedimiento de inspección. «Se dan -por ejemplo- dos meses para hacer las medidas correctoras. Cuando se están cumpliendo, el hostelero solicita una ampliación de plazo a la que tiene derecho, y se le otorga». En su opinión, estos trámites no se pueden prolongar durante años, aunque admite que «el Ayuntamiento pretende no incidir negativamente en el desarrollo de un sector, pero obliga a cumplir las medidas correctoras» y recalcó que «nosotros actuamos con el reglamento en la mano y por el libro».

Aún así, Dulce Gallego señalaba que «un trámite de una licencia no es corto. Sería muy corto si el Ayuntamiento actuase así: usted no cumple las medidas correctoras, voy y le cierro. ¿Queremos ese Ayuntamiento?, ¿el sector empresarial quiere un Ayuntamiento así?. Que alguien que no cumpla la normativa a la primera se le cierre. ¿Interesa ese grado de rigidez que impida el desarrollo económico de la ciudad? No tenemos 'manga ancha', si no flexibilidad. Lo primero supondría que los negocios de Gijón no cumplieran las medidas correctoras, y eso no pasa. Lo que damos son facilidades para que se cumplan».

Por último, la concejala socialista aseguró que «el Ayuntamiento hace que se cumpla la normativa medioambiental y para eso damos los plazos, los tiempos y las formas que sean precisas dentro del plazo legal, para todos los sectores».

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