Propietarios urbanización Elche denuncian Fomento por ruido AP-7

El abogado de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Bonavista Fases II y III de Elche, Roberto Batllés, ha presentado hoy una denuncia ante el Ministerio de Fomento por los intensos ruidos que soportan estos vecinos producidos por el paso de vehículos por la autopista AP-7

En un comunicado remitido por el propio letrado, que representa a unas veinte familias, éste afirma que no descarta emprender acciones judiciales contra esta administración "por un delito contra la salud de las personas", ya que la Dirección General de Carreteras del Estado "se niega a colocar pantallas contra el ruido en la zona".

Según Batllés, los afectados, que están en una situación de "desesperación", han denunciado este problema durante años pero Fomento ha hecho caso omiso de sus reivindicaciones, una "pasividad deliberada" que les ha provocado un estado de "tremenda irritación".

"La dejación de funciones públicas y el anormal funcionamiento de Fomento con resultados lesivos para la salud de las personas podría suponer la comisión de ilícitos administrativos o incluso penales por parte de las autoridades públicas y demás responsables directos que se hallan al servicio de esa administración", agrega el letrado en su escrito.

Los propietarios de esta urbanización aportan como prueba de la contaminación acústica que soportan "distintos informes policiales que certifican niveles sonoros de hasta 65,1 decibelios en el interior de sus viviendas, cuando el máximo legal permitido son 35".

Recuerdan también que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que niveles de 65 decibelios dentro de las casas "son muy perjudiciales para la salud de las personas".

Por otro lado, según el abogado, la Ley 37/2003 del Ruido y la 07/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica "avalan las pretensiones" de sus clientes.

Además, Batllés alude al delito de prevaricación en que podrían incurrir los responsables del Ministerio de Fomento, a los que insta a reunirse con los vecinos "antes de iniciar los procedimientos judiciales oportunos".

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