Terrazas, cierre por la fuerza

Efectivos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria precintaron a las 15.00 horas de ayer la totalidad de las terrazas y chiringuitos del Carnaval ubicados en el Parque Juan Rodríguez Doreste. Daban cumplimiento a una orden judicial dictada dos horas antes.

Intervención. Agentes judiciales procedieron a precintar las terrazas del Carnaval ayer a primera hora de la tarde

La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó a primera hora de la tarde de ayer un auto en el que ordenó al inspector jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que procediera «inmediatamente» al precinto de la totalidad de terrazas situadas en el Parque Juan Rodríguez Doreste. La policía local recibió la orden pasadas las 14.00 horas, y poco antes de las 15.00 horas el propio Henríquez se personó en el Parque Blanco al mando de una dotación de ocho agentes que llevó a cabo el precinto de los locales.

La decisión judicial se produce una semana después de que la Sala se dirigiera al Ayuntamiento para que, de forma voluntaria, ejecutara la sentencia de la propia Sala que el 22 de julio de 2002, estimando un recurso de una comunidad de vecinos de la zona, prohibió actividades carnavaleras en la rambla Juan Rodríguez Doreste. Este fallo fue confirmado por el Tribunal Supremo el 13 de abril de 2005. El 20 de enero pasado, los ganadores del pleito pidieron la ejecución del fallo en toda su extensión.

La Sala de lo Contencioso Administrativo comisionó ayer a la policía para llevar a cabo el cierre forzoso de los establecimientos en aplicación del artículo 108 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta norma dispone que, cuando exista una sentencia que condene a la Administración a realizar una determinada actividad y ésta no cumple, el Tribunal podrá «ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada».

El auto de la Sala contiene un varapalo sin precedentes a la actitud de la alcaldesa Pepa Luzardo frente al cumplimiento de la sentencia que obliga a cerrar toda actividad carnavalera en el Parque Blanco: El TSJC califica de «inaceptable», «sorprendente», «tenaz» y «rebelde» la actitud de la regidora -que se jactó de haber encontrado una «triquiñuela» que le permitía evitar la clausura de los establecimientos-, y afirma que las declaraciones con las que remató su conducta, en referencia al interés de la mayoría frente al de unos pocos «revelan el perfecto desconocimiento de la materia sobre la que se mueve».

«Ignora de plano que reabre un debate ya resuelto por sentencia firme, y que, por ello, la cuestión ya no es si son pocos -o ninguno- los interesados en la clausura de las terrazas, sino que dicha cuestión es, simplemente, que tiene que cumplir, sin más, lo ordenado en una sentencia firme, ratificada por el Tribunal Supremo de España».

«Amenazó a los vecinos con implantar el botellón»

El Tribunal entra al trapo de las declaraciones de la alcaldesa del pasado miércoles, en las que dijo a los vecinos que habían ganado el pleito que, con su actitud, sólo iban a conseguir llevar a la zona fiestas sin control: «Igual ocurre con la velada amenaza de implantar el botellón en el parque Juan Rodríguez Doreste», expone el auto, «como una suerte de represalia contra los vecinos del lugar, cuando, paradójicamente, compete a la alcaldesa evitar a toda costa la eventual implantación de tan clandestina actividad». Además de ordenar a la policía que procediese al precinto de los locales, la Sala había comisionado a la Policía Nacional «para el improbable caso de que a este cuerpo de seguridad se le impida materialmente cumplir esta orden», sin perjuicio de las responsabilidades penales que en tal improbable hipótesis pudieran derivarse para los responsables de la Policía Local».

Esta actuación no fue necesaria. Anoche, un amplio dispositivo policial vigilaba las terrazas precintadas.

Recuerda la Sala que el 21 de febrero ordenó al Ayuntamiento que cumpliera el fallo, y que la corporación respondió el viernes pasado que tenía previsto llevar el asunto a la reunión de la Junta de Gobierno Local del pasado jueves, pero «el desgraciado accidente acaecido en el día de ayer, y del que se han hecho eco toda la prensa del país, ha motivado, por razones obvias, no sólo la suspensión de todos los actos institucionales del carnaval, sino también la de la junta de gobierno local y del pleno, órganos competente para dictar dichas resoluciones».

Isabel García «No hemos podido hacer nada»

La concejala de Carnaval, María Isabel García Bolta, explicó tras el cierre de las terrazas que había que acatar la orden dictada por el juez del TSJC. «No hemos podido hacer nada», dijo y detalló además las condiciones que pusieron los vecinos afectados a través de un abogado para llegar a un acuerdo que evitase otro requerimiento ante el juez para provocar el cierre definitivo de las terrazas.

Según la concejala, los vecinos, ya con el auto de cierre del TSJC en la mano, reclamaron cuatro condiciones al Ayuntamiento para que el Carnaval pudiese seguir. Entre ellas, además de desplazar unos urinarios, estaba la conversión de una línea contínua a discontínua para mejorar el acceso a sus garaje, bajar el volumen de la música y una compensación económica de 18.000 euros a la comunidad de vecinos para resarcirse de los daños causados. A entender del Ayuntamiento, las condiciones planteadas por los vecinos «no eran de recibo». García Bolta reconoció que ella misma nunca negoció con los vecinos.

indemnizaciones

Bolta añadió que, cuando acabe el Carnaval, Ayuntamiento y afectados se sentarán a «hablar», pues cabe la posibilidad de que tengan que ser indemnizados, aunque consideró que era demasiado pronto para adelantar acontecimientos.

Los empresarios se indignan

Pérdidas. Los empresarios afectados por la clausura mostraron su indignación. Uno de ellos, Rafael Marrero señaló que con el cierre «se ha paralizado parte del cuerpo del Carnaval».

Objetos de valor. Los propietarios solicitaron a la Policía que custiodase sus terrazas, ya que no les permitieron poner seguridad privada para vigilarlas. Señalaron que sólo tuvieron tiempo para retirar el material más valioso.

Compensaciones. Daniel Suárez, copropietario de La Caribeña, anunció que esperan reunirse en breve con el Ayuntamiento para ver cómo les compensan «las grandes pérdidas». Recordó que la de ayer era una noche «fuerte» en la pensaban recuperar lo perdido este Carnaval, que este año ha sido flojo, en especial el viernes por el traslado de la Gala Drag.

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