Las terrazas cerrarán este jueves a la espera de lo que decida el Ayuntamiento

Los empresarios de las terrazas y chiringuitos del Carnaval instalados en las Ramblas de Juan Rodríguez Doreste decidieron este miércoles no abrir las puertas de sus establecimientos este jueves por la noche a la espera de que los servicios jurídicos municipales realicen el informe en relación al auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenando la clausura de estas terrazas

EFE

Este acuerdo fue tomado por los empresarios tras la reunión mantenida ayer por la tarde con la concejal de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María Isabel García Bolta.

Horas antes de esta reunión, la alcaldesa, Josefa Luzardo, había informado a los periodistas que el Consistorio pretendía demorar el cierre de chiringuitos y terrazas del Carnaval ordenado por la Justicia hasta agotar toda posibilidad de evitarlo, desde la idea de que quienes apoyan la decisión “no son muchos” y que la mayoría de los ciudadanos la rechazan.

La alcaldesa ha encargado un informe jurídico "para ver qué pasos debo dar", a la vez que ha anunciado que pretende presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) para "crear jurisprudencia" que ayude a conciliar "el derecho a la fiesta con el derecho a descansar".

Así lo confirmó este miércoles la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo, que reiteró que el Ayuntamiento no hará nada hasta disponer de un informe jurídico que elaboran en relación al asunto sus servicios jurídicos y que se espera esté listo "entre hoy (miércoles) y mañana (jueves)", como ya adelantara el martes la concejala de Cultura, Isabel García Bolta.

Tras presentar la séptima edición del Festival Internacional de Cine de la ciudad y a preguntas de los periodistas, la alcaldesa recordó además que la corporación municipal ha presentado un recurso para que se pronuncie sobre la cuestión el Tribunal Constitucional, que recalcó podría darle la razón.

De lo contrario, opinó que se pondría en riesgo la celebración de las fiestas de calle de muchas ciudades de toda España, como los Sanfermines o las Fallas, en la medida en que su futuro quedaría a merced de que los habitantes de los barrios donde se llevan a cabo decidieran o no pedir su suspensión.

Reafirmó en cualquier caso su conocido desacuerdo con la posición de varios vecinos de los alrededores del Parque Santa Catalina, escenario de las fiestas, que promovieron un recurso que dio lugar a la sentencia que dictaminó dicho cierre.

Una sentencia del año pasado cuya ejecución ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a instancias de los mismos vecinos, después de que el Ayuntamiento mantuviera pese a todo la instalación de los referidos chiringuitos y terrazas en la presente edición del Carnaval, programada del 8 de febrero al 4 de marzo.

Guió su actuación la opinión de que la zona afectada por la decisión de los tribunales, las Ramblas de Juan Rodríguez Doreste aledañas al Santa Catalina, forma parte del "escenario natural del Carnaval" y así lo entiende la mayoría de la ciudadanía, porque -insistió en subrayar la alcaldesa- "no son muchos" quienes han solicitado a la Justicia prohibir las instalaciones afectadas.

Frente a su postura, "el Ayuntamiento tiene que defender el interés general y no el particular", sentenció la alcaldesa, que rechazó así dar la razón en ninguna medida a los denunciantes pese a saber que, si finalmente chiringuitos y terrazas deben cerrarse antes de tiempo, la corporación, "por supuesto", deberá abonar daños y perjuicios a sus propietarios.

Pérdidas de casi 12.000 euros por noche

Los empresarios de los establecimientos del Carnaval Latino (tres terrazas y los chiringuitos de Feluco) aseguraban este miércoles a este periódico que desde el Ayuntamiento de la capital grancanaria aún "nadie" se había puesto en contacto de manera oficial para notificarles la orden judicial de cierre.

En este sentido, tanto Armando Machín, socio de la terraza Brasil, como Daniel Sánchez, socio de la terraza La Caribeña, coincidieron en que todo lo que saben sobre el auto del TSJC es gracias a los periódicos, porque "por escrito" no han recibido notificación alguna.

En cualquier caso, a la espera de que los servicios jurídicos se pronuncien y con la única intención de "acatar la orden del juez", los empresarios se han puesto de acuerdo para no abrir sus terrazas esta noche, algo que les supondrá unas pérdidas de casi 12.000 euros.

Unas pérdidas que tienen que ver con las más de 150 personas que trabajan cada noche en las tres terrazas, así como con los diversos contratos desde hace tiempo firmados con los patrocinadores.

Advertencia a los vecinos

Por otro lado, Josefa Luzardo advirtió a los vecinos denunciantes de que las molestias que dieron lugar a su iniciativa jurídica podrían ser reemplazadas por otras mayores si se cerraran chiringuitos y terrazas, que cuentan con servicios de vigilancia y limpieza, ya que en la zona -dijo- "quedará un descampado" que "no sé si será un lugar donde se van a congregar los jóvenes para el botellón".

"Como alcaldesa debo estar preocupada por ello", apostilló.

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