La justicia clausura las terrazas del carnaval

Los «establecimientos propios del carnaval» situados en la zona del parque Juan Rodríguez Doreste, junto al Parque Santa Catalina, tendrán que ser «clausurados». Según el auto judicial conocido ayer, el Ayuntamiento conocía la sentencia firme desde abril del año pasado, pero hizo «como si no existiese»

Zona vedada. El auto ordena desalojar todas las terrazas que aparecen en la foto

La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las Palmas hizo público ayer el auto que orden al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que proceda a la clausura de los «establecimientos propios del carnaval» -chiringuitos y terrazas temporales- situados en la zona del parque Juan Rodríguez Doreste, es decir, en la rambla que trascurre en paralelo desde la casa del marino hasta el parque de Santa Catalina.

El TSJC dispone esta medida dando trámite a la fase de ejecución de la sentencia de la misma Sala de lo Contencioso que hace casi cuatro años, el 22 de julio de 2002, estimó el recurso presentado por la comunidad de propietarios del edificio CYT (ante la misma rambla, al lado de la casa del Marino, en la confluencia de la calles Cirilo Moreno y León y Castillo) contra el decreto del alcalde -entonces, José Manuel Soria- que en febrero de 1997 se negó a trasladar los mogollones a una zona donde no perturbaran el descanso del vecindario, y declaró: «La actual ubicación del mogollón carnavalero es incompatible con el uso residencial del área». El Ayuntamiento recurrió en casación contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo.

Según detalla el auto difundido ayer por la Sala de Las Palmas, el Alto Tribunal dictó sentencia el 13 de abril de 2005 desestimando tal recurso, «deviniendo por tanto firme la sentencia de la Sala de fecha 22 de julio de 2002».

El TSJC recuerda que el pasado 20 de enero la comunidad de propietarios del edificio CYT instó a la Sala para que ejecutara en sus justos términos la sentencia firme. El Tribunal dio traslado al Ayuntamiento para que éste alegara lo que considerase oportuno en cuanto a esta petición de ejecución y sus servicios juirídicos respondieron que, al haber sido instada por los vecinos «a última hora», la ejecución de la sentencia resultaba «prácticamente imposible», ya que el 20 de enero «ya se habían adjudicado los contratos de explotación de las terrazas que se sitúan frente al edificio de la comunidad recurrente».

Responsable

El Ayuntamiento agregó a este argumento su «voluntad de llegar a un acuerdo amistoso con los actores». Literalmente, dijo a la Sala que «no escatimaría esfuerzos» para alcanzar un pacto que evitase la ejecución del fallo. «Sin embargo», dice el auto de ayer, «a tenor de la respuesta dada por la recurrente en su escrito de fecha 16 de febrero (el acuerdo) no fue perseguido con excesivo ímpetu por parte de la Corporación».

El TSJC no titubea a la hora de señalar que si alguien es culpable de haber llegado a una situación que pone en serio y evidente peligro la continuidad de la actual edición de los carnavales capitalinos es el Ayuntamiento: «Debe indicarse», dice el auto, «que las dificultades de ejecución a que alude la administración municipal, así como cualquier perjuicio derivado de aquella, es responsablidad exclusiva del Ayuntamiento, que conociendo la sentencia del Supremo con meses de antelación al inicio del Carnaval no sólo no hizo nada para llevar a efecto lo ordenado por la Sala, sino que actuó como si dicho pronunciamiento no existiese».

El Ayuntamiento espera por un informe jurídico

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizarán en los próximos días un informe en el que determinarán el modo en el que se ejecutará el auto judicial que ordena el cierre de los chiringuitos.

Así lo afirmó la concejala Isabel García Bolta, encargada de las fiestas, quien dijo que la alcaldesa de la capital grancanaria, Josefa Luzardo, encargará hoy dicho informe a los servicios jurídicos.

La concejal Isabel García Bolta subrayó que el auto se refiere «única y exclusivamente» a las terrazas de dichas ramblas, conocidas como Parque Blanco, y no al resto de los emplazamientos del Carnaval. En cuanto a la búsqueda de alternativas para la reubicación de las terrazas afectadas, dijo que el Ayuntamiento y las fiestas viven «el día a día» «Mañana o pasado», dijo (por hoy o mañana), «los servicios jurídicos del Ayuntamiento dirán qué el que debemos hacer». No obstante, aún no se da por descartada «ninguna opción», desde el simple acatamiento de la suspensión a una posible negociación con los vecinos afectados para reducir el nivel de ruidos en los días que quedan programados para abrir esas terrazas. «Gracias a Dios tendremos carnavales», concluyó la concejal.

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