Vecinos de la zona culpan al Consistorio por «su prepotencia»

Rafael Marrero, en la zona de ventorrillos

Dividido entre la tranquilidad que la decisión judicial dará a las ramblas de Juan Rodríguez Doreste y triste «porque soy carnavalero así que satisfecho no puedo estar». Así se mostraba, Ángel Corral, el representante de una de las comunidades de vecinos más activas en defensa del derecho al descanso en el entorno de Santa Catalina, concretamente de las viviendas situadas en la Casa del Marino.

Suya es la pancarta que se puede ver desde el conocido como Parque Blanco reclamando menos escándalo carnavalero. Corral se convirtió ayer en improvisado portavoz de la zona afectada por la resolución judicial aunque no forme parte de la comunidad de propietarios denunciante. Corral no tiene reparos en considerar a la alcaldesa de la capital grancanaria, Pepa Luzardo, como cargo máximo del Ayuntamiento capitalino, «la única responsable, su prepotencia ha hecho que se desencadene esta historia porque no ha querido sentarse a hablar, desde hace un mes intentamos hablar con ella y no nos ha contestado siquiera aunque sea con una negativa».

inversión

No obstante, este representante vecinal tampoco exige que se ejecute la sentencia «automáticamente» este año, puesto que entiende que es mucha la inversión en medios materiales y humanos desarrollada por parte de los dueños de las terrazas y los ventorrillos a los que afecta la decisión. Por ello, aboga por negociar un acuerdo para bajar el volumen de la música o incrementar la seguridad y la limpieza en la zona. También Corral expresó su miedo a posibles actos violentos contra su edificio. «La semana pasada ya nos rompieron un cristal cuando colocamos la pancarta y salió la sentencia».

En cualquier caso, la decisión no dependerá de estos vecinos, también afectados por la situación, sino de la comunidad de propietarios del edificio CYT, únicos denunciantes de la zona. Serán éstos los únicos que podrán parar la decisión judicial si alcanzan un acuerdo con el Ayuntamiento. Su representante, Juan Francisco Gómez, y también vecino del edificio, que se encuentra de viaje en estos días aseguraba que el acuerdo era posible en caso de que se minimizaran los efectos de los mogollones carnavaleros.

Las terrazas perderán medio millón de euros

Los empresarios de las terrazas y los chiringuitos afectados por el cierre calculan que las pérdidas derivadas de la decisión judicial pueden superar el medio millón de euros entre todas.

Los adjudicatarios recibieron con desolación la noticia ayer. «Se acaban de cargar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria», dijo Daniel Suárez, de La Caribeña, la mayor de todas. «El Ayuntamiento tendrá que asumir el error», expuso, «es de risa que haya convocado un concurso sabiendo que existía esta sentencia». En todo caso, no quiso adelantar si va a exigir indemnizaciones o sólo el pago de la licencia, unos 49.000 euros por dos años. Para él, las pérdidas totales rondarán los 220.000 euros.

Cree que la noticia tendrá también un efecto directo sobre el turismo, que dejará de venir en cuanto se sepa que las carnestolendas se han quedado sin sus terrazas.

negociación

Más optimista se mostró José Carlos Hernández, de Lupita, quien confía en que la negociación del Ayuntamiento con los vecinos acabe en buen puerto. Calcula sus pérdidas en 180.000 euros y asegura que si se retiran las terrazas «el parque blanco se convertirá en un gran botellón». Cree que en las próximas 48 horas el Consistorio podrá solventar la situación para que el viernes, el día de la gala drag, los puestos puedan abrir sus puertas. «Estoy con el Ayuntamiento al cien por cien», sentenció. Armando Machín, de Brazil, confía en que este año haya acuerdo y que el traslado se produzca el próximo. Sus pérdidas podrían superar los 160.000 euros.

El adjudicatario de los únicos ventorrillos que hay en la zona, Rafael Marrero, Feluco, dijo que no se podía suspender los carnavales de esta manera. «Se puede crear un precedente para suspender todas las fiestas populares», indicó. Feluco pagó al Consistorio unos 7.200 euros por la licencia. Su traslado sería algo más factible que el de las terrazas, aunque lo ve difícil.

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